Blanco había anunciado en una rueda de prensa celebrada el 13 de diciembre de 1988 que la Junta de Andaucía había abierto un expediente a la familia Molina "por haber defraudado a Hacienda al comprar los hijos a su padre -entonces diputado de Alianza Popular- la finca 'Romanina Alta' y constituir una cooperativa, a través de la cual pidieron subvenciones que no fueron utilizadas para el fin solicitado".

Posteriormente, Blanco comprobó, según dijo, que había confundido a Eugenio Molina Valcárcel, vendedor de la citada finca, con el padre de los compradores, Alvaro Molina.

Los responsables del PP gaitano, tras la sentencia emitida por la Audiencia Provincial de Sevilla, consideran que aquellos "que son capaces de atentar contra el honor de las personas falseando la realidad y la verdad, con claros fines políticos, no son dignos de ocupar puestos en la Administración y menos de responsabilidad, como el que obstenta José Luis Blanco".