Durante el Pleno del Congreso de los Diputados en el que se debatió la toma en consideración de la proposición, Sayas defendió esta nueva norma ‘antiocupación’ del PP, indicando que la ocupación de viviendas “no es un problema individual” sino “social” porque “socava la convivencia y degrada los barrios”. “El Gobierno se pone del lado de los delincuentes”, indicó el diputado.

La norma busca una batería de cambios legislativos, que, según el popular, son medidas de “puro sentido común”. Espetó al Gobierno que hay una “mayoría social” que apoya estas medidas y que no se oponga a ella.

Además, indicó que esta norma también habla de ‘inquiocupación’, el término utilizado para referirse a inquilinos que han dejado de pagar el alquiler, pues, en su opinión, la gente “tiene miedo de sacar su vivienda al alquiler” porque “no sabe si se la van a ocupar” y, además, “el Gobierno no les va a defender”. Criticó que oponerse a la norma “es lo menos progresista que hemos visto en este país”.

El PP recibirá el apoyo de Vox, para el que, en palabras de su diputado Ignacio Hoces, la norma “va en la buena dirección” pero “se queda corta” ya que no busca deportar a los extranjeros condenados por ocupación ni valora la ‘prioridad nacional’.

Según Hoces, el Gobierno ha convertido a España en “el paraíso de las mafias de ocupación” y además el PP ha votado en ocasiones a favor de decretos del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Hoces subrayó, además, que la ocupación y la inquiocupación “tienen una estrecha relación con la inmigración”.

En cambio, desde Junts, la diputada Marta Madrenas criticó la norma presentada por el PP señalando que se trataba de “simbolismo penal” y que su partido no defiende la “sobrepenalización”. “Las leyes no se pueden redactar desde el eslogan”, indicó.

La diputada defendió, en cambio, la norma redactada por su formación, atascada en el Congreso, que es una propuesta “solvente, moderada y que protege derechos fundamentales”. En su opinión, al final se trata de que haya mecanismos “más ágiles” para que los propietarios recuperen su piso lo más pronto posible.

El PNV, por medio de Mikel Legarda, también criticó el detalle de la norma realizando una crítica técnica a su redacción y subrayó que a su grupo le encontrarán en la búsqueda de “respuestas judiciales eficaces en el momento inicial del proceso”. Desde Coalición Canaria, Cristina Valido pidió aprobar la toma en consideración de la norma pese a no compartir todos los puntos.

OPOSICIÓN DEL GOBIERNO Y LA IZQUIERDA

El diputado del PSOE Raúl Díaz criticó que esta norma es el “pavo de Navidad” de la oposición, pues es un tema “residual” que necesita “inflar”. Reconoció que la ocupación “es un problema” pero acusó al PP de “magnificarlo” y de intentar “blanquear su estrepitoso fracaso” como gestores del problema de la vivienda.

Asimismo, acusó al PP de “populismo punitivo y fiscal” con la norma, a la que tildó de “pobre cascarón” sin “ningún tipo de seguridad jurídica” y una ley que “criminaliza al vulnerable".

Por su parte, desde Sumar Gerardo Pisarello centró sus críticas en que, con esta norma, el PP busca “hacerle el juego” a los “grandes especuladores” y puso de ejemplo la Ley del Suelo de José María Aznar y la venta de viviendas de protección en Madrid bajo el mando de Ana Botella. Les acusó de ser “crueles” al plantear el corte de suministros básicos e impedir el empadronamiento de familias.

Desde ERC, Etna Estrems calificó la norma como “obra de teatro mala y caducada” que se desmonta con datos como que las ocupaciones en primeras residencias “son prácticamente inexistentes”. Igualmente, Oskar Matute (Bildu) les acusó de “sadismo” en la redacción de la norma. Ione Belarra (Podemos) apuntó que la ley “no tiene redactores, sino patrocinadores”.