Según recoge la iniciativa registrada por el PP en el Senado, pide al Gobierno asegurar la disponibilidad real y temprana de apoyo psicológico y psicosocial a las víctimas (derivaciones, circuitos y tiempos máximos de atención), con criterios mínimos comunes en la AGE.

También pide que se refuercen simultáneamente las medidas de protección de las victimas tales como la confidencialidad, prevención de la victimización secundaria, prohibición de represalias y adopción ágil de medidas organizativas/cautelares que eviten que sea la víctima quien sufra perjuicios laborales (incluida la separación respecto de la presunta persona acosadora cuando proceda).

La moción también insta al Gobierno a dotar de más medios humanos, técnicos y económicos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a los equipos médicos, forenses y psicológicos especializados en agresiones sexuales.

Igualmente, la moción pide al Ejecutivo elaborar y presentar, en el plazo máximo de tres meses, las memorias anuales de ejecución del Plan Estratégico para la Prevención de las Violencias Sexuales 2023-2027 correspondientes a los ejercicios 2023, 2024 y 2025, incluyendo indicadores de cumplimiento de las 59 medidas y presupuesto ejecutado.

Del mismo modo, la iniciativa pide presentar el “protocolo de actuación, el informe de valoración de riesgo y los criterios objetivos aplicados para la asignación de escolta policial de élite” a la analista política Sarah Santaolalla, “pese a que el Juzgado de Guardia de Madrid descartó expresamente cualquier riesgo objetivo para su vida y denegó la orden de alejamiento solicitada contra un reportero”.