La iniciativa recuerda que entre las diversas formas de violencia que padecen las mujeres en el mundo "destaca, por su alcance y gravedad, la mutilación genital femenina".

Dos millones de mujeres, particuarmente niñas y adolescentes, corren el riesgo de ser sometidas anualmente a estas prácticas en determinados países africanos y asiáticos, según el PP.

Además de las irreversibles consecuencias para la salud de las mujeres, "lo cierto es que estas conductas constituyen un flagrante atentado contra los derechos humanos, sobre todo contra la libertad, la integridad y la dignidad de las personas".

En este sentido, el Grupo Popular ha pedido al Ejecutivo que estudie si es posible modificar algún aspeto del tratamiento legal de estas conductas para su más eficaz persecución, así como que se exija a los emigrantes solicitantes de permisos de residencia la declaración formal de que no ejecutarán ni favorecerán estas prácticas dentro o fuera del territorio español.

La iniciativa también solicita al Gobierno que interese al fiscal general del Estado que, en defensa del interés público, dicte las instrucciones necesarias para que se preste la mayor atención a la persecución de estas conductas.

En olaboración con las comunidades autónomas, se plantea que el Ejecutivo desarrolle programas sanitarios, sociales y educativos destinados a prevenir la mutilación genital femenina entre la población de riesgo y que se dote a los distintos colectivos profesionales de la formación y los protocolos de actuación necesarios a fin de poder prevenir y tratar la referida práctica.

Las últimas medidas que se plantean inciden en la elaboración de programas específicos de educación para la salud de la mujer inmigante y en la cooperación de aquellos países beneficiarios de las ayudas, que han adoptado medidas legislativas y de gobierno tendentes a la erradicación de la ablación.

AMBITO PRIVADO

En la exposición de motivos de la proposición no de ley, el PP señala que "lo cierto es que evitar la mutilación genital femenina en los países europeos de acogida reviste serias dificultades, bien porque tales mutilaciones se ejecutan en el círculo cerrado de algunas familias inmigrantes o bien porque los padres aprovchan las vacaciones de las hijas en determinados países de origen para realizar tan bárbaras prácticas".

"A ello hay que añadir el hecho de que estas conductas tan injustas son realizadas como respuesta a unas firmes y arraigadas convicciones que acompañan a los inmigrantes desde sus países de procedencia", agrega la propuesta.

A juicio de los populares, es indudable que estas conductas son merecedoras, por su gravedad, de la correspondiente sanción penal. Sin embargo, el hecho de que sus autoresactúen por convicción o circunstancia de que estas prácticas se ejecuten mediante las formas y procedimientos más oscuros y huidizos -constituyendo delitos de cifra negra- o las limitaciones de nuestro derecho procesal penal para responder a hechos cometidos más allá de nuestras fronteras obligan a considerar otros instrumentos.

Por lo tanto, "resulta indispensable" -apunta la iniciativa-, "articular una serie de medidas asistenciales de tipo sanitario, social y educativo dirigidas a la población de resgo. Concretamente, urge hacer ver a la población inmigrante que el mantenimiento de sus señas de identidad puede y debe conciliarse con el respeto a los derechos humanos más elementales".

Asimismo, el Grupo Popular es consciente de que la dependencia de la mujer inmigrante respecto al cónyuge varón ofrece la imposición y la pervivencia de estas prácticas sexistas. Por este motivo, "se hace necesario promover la inserción laboral de las mujeres inmigrantes, a fin de que puedan hacer valer sus criteris y sus derechos con mayores garantías".

Finalmente, la iniciativa entiende que estos ritos crueles deben ser corregidos en su fuente de origen, por lo que "se hace necesario mantener la cooperación internacional con los países en los que la mutilación genital femenina constituye una práctica arraigada y extendida".