Con ello, el PP pretende materializar “avances reales y tangibles” en la prevención y en la reducción de la violencia psicológica y física ejercida contra los profesionales sanitarios en el Sistema Nacional de Salud.

La iniciativa, que deberá ser debatida y votada en la Comisión de Sanidad del Congreso, indica que ese plan debería estar listo en un plazo máximo de seis meses tras su hipotética aprobación en la Cámara Baja.

Los populares pretenden que ese plan sea activado con el trabajo conjunto de los ministerios de Sanidad, Interior, Justicia y Educación, y que el Gobierno desarrolle protocolos de actuación que incrementen la seguridad de los profesionales sanitarios en el desempeño de sus funciones -así como su formación frente a las agresiones- y potencien la concienciación social con campañas informativas específicas.

“El Gobierno destinará cuantos recursos humanos, económicos, tecnológicos y estructurales sean necesarios para hacer realidad el plan, que consensuará con las administraciones autonómicas, provinciales y locales, y coordinará con los representantes de los profesionales sanitarios, de los pacientes y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado”, añade la proposición no de ley.

ÚLTIMOS DATOS

El año pasado se notificaron 18.563 agresiones a profesionales del Sistema Nacional de Salud, lo que supone 24,37 por cada 1.000 sanitarios, según el último informe anual de esta materia, presentado el mes pasado por el Ministerio de Sanidad.

El número de agresiones notificadas aumentó en 1.493 casos respecto a 2024, lo que supone un incremento de un 8,74%. No obstante, el ritmo de crecimiento se ha moderado en comparación con años anteriores, ya que entre 2023 y 2024 el aumento alcanzó un 15,74%.

La mayor parte de los incidentes registrados corresponden a agresiones no físicas, como insultos, amenazas o comportamientos intimidatorios. En 2025, estas situaciones representaron el 84,5% del total de las agresiones notificadas, mientras que las físicas supusieron el porcentaje restante.

La atención primaria concentra el mayor número de agresiones notificadas (51%), seguida de la atención hospitalaria (47%). Las emergencias extrahospitalarias representan un porcentaje menor del total de incidentes registrados.

El 80% de las agresiones registradas afectaron a mujeres, frente al 20% correspondiente a hombres, una distribución que guarda relación con la composición de la plantilla sanitaria, en la que el 76% de los profesionales son mujeres.