Según recoge la iniciativa presentada por el PP en el Congreso, se pedirá que el Ejecutivo renuncie a la regularización porque “carece de requisitos” por ir “en contra de los principios europeos y de los objetivos fijados en el Pacto Europeo de Migración y Asilo”.

Además, el PP exigirá al Gobierno “revisar los acuerdos en materia migratoria con terceros países para asegurar su cumplimiento”, así como garantizar la “expulsión de extranjeros ante la comisión de delitos graves o reincidentes”.

En concreto, los populares consideran la medida de regularización de medio millón de migrantes “no responde a una planificación estratégica ni a un análisis riguroso de los flujos migratorios”, sino que responde a una “operación política” basada “sin datos objetivos, sin planificación real, sin recursos suficientes y sin respeto alguno a las comunidades autónomas”.

El PP también advirtió de que hay responsables de Extranjería que han señalado la “imposibilidad material de gestionar un volumen de expedientes de tal magnitud con las actuales estructuras administrativas, ya de por sí saturadas” y que el proyecto de decreto “compromete gravemente la verificación de identidad y la comprobación efectiva de antecedentes penales y policiales” de los solicitantes.