La petición, que se ha presentado ante el juez Santiago Pedraz en el marco de la causa que investiga las presuntas “cloacas” del PSOE, reclama también acordar la declaración en calidad de investigado del PSOE a través de un representante especialmente designado, según el escrito cotejado por Servimedia.

La iniciativa se registra el mismo día en que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publica la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales anticipadas para el 29 de noviembre.

El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, ya atribuyó ayer la convocatoria electoral al “miedo” de Sánchez a que se pudieran conocer nuevas informaciones en los juzgados. Y ahora su partido busca acelerar una imputación que, según las fuentes consultadas, preveían en los próximos meses.

EL PAPEL DE CERDÁN

El PP, que lidera la acusación popular unificada, justifica la necesidad de investigar al PSOE en los “sólidos indicios” recabados por la UCO de que “la organización criminal investigada” “dispuso de los medios operativos, logísticos y financieros del partido para sufragar los gastos derivados de su ilícita actividad”. “Todo ello”, remarca, “por indicación expresa” del entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, “actuando en su condición de tal”.

Los de Feijóo consideran además que las declaraciones prestadas por la gerente del PSOE, Ana María Fuentes Pacheco; la presidenta del partido, Cristina Narbona; y las administrativas Celia Rodríguez y Covadonga San Pedro “han venido a confirmar que el partido sufragó efectivamente esos gastos de la organización criminal por indicación” de Cerdán.

Finalmente, apostilla que “dichas declaraciones han puesto de manifiesto, con carácter indiciario, que el PSOE no contaba al tiempo de los hechos con medidas de control y vigilancia aptas para prevenir la comisión de delitos en su seno en materia de aprobación y abono de gastos, de utilización de sus instalaciones por terceros y de contratación con proveedores de servicios”.

Por estos motivos, el PP considera que es el momento de imputar al PSOE por la presunta comisión de delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, financiación ilegal de partidos políticos y malversación de caudales públicos.

“EN BENEFICIO” DEL PSOE

Para justificar que los delitos de cohecho y tráfico de influencias puedan atribuirse al PSOE como persona jurídica y no únicamente a sus dirigentes, el PP sostiene que las actuaciones investigadas se realizaron “con el ánimo de “defender al Gobierno, a su presidente y al propio partido de los múltiples procedimientos penales seguidos contra sus miembros o familiares en beneficio directo o indirecto”.

En concreto, argumenta que “la razón de ser de cada uno de los delitos indiciariamente cometidos” por la presunta organización criminal era “proteger y defender los intereses del PSOE, de sus miembros y familiares” ante los procedimientos judiciales que les afectaban.

La acusación se apoya también en un auto de Pedraz del pasado 27 de mayo que situó como propósito de la presunta organización “la desestabilización” de causas judiciales que afectaban al PSOE o al Gobierno con el “objetivo último” de proteger los intereses en juego. Y cita a la propia UCO, que situó como “misión principal” de la presunta organización “la defensa del Gobierno y su partido político, el PSOE”, al que considera “instrumentalizado” para ejecutar sus acciones.

En este sentido, el PP argumenta que Cerdán actuó “en nombre o por cuenta” del PSOE en su condición de secretario de Organización y puso a disposición de la presunta trama medios del partido. Entre ellos, el escrito menciona los gastos y desplazamientos atribuidos a Leire Díez y la utilización de la sede de Ferraz, donde, según la acusación, acudió en 22 ocasiones, incluidas 18 reuniones con Cerdán.

CRÓNICA LIBRE Y LA FINANCIACIÓN

Por otro lado, el PP fundamenta la necesidad de imputar adicionalmente los delitos de blanqueo de capitales, financiación ilegal y malversación por los 18.125,80 euros abonados a Crónica Libre durante la campaña de las elecciones europeas de 2024.

La acusación sostiene que este importe fue declarado como gasto electoral, aceptado como justificado por el Tribunal de Cuentas y computado a efectos de la subvención electoral percibida por el PSOE con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

A partir de ahí, el PP argumenta que el dinero fue finalmente resarcido con fondos públicos y que pudo existir malversación si, como sostiene, la contratación publicitaria con Crónica Libre fue simulada y el dinero se destinó realmente a sostener a un medio instrumental de la presunta organización criminal.

En paralelo, considera que la operación podría constituir blanqueo porque los fondos se introdujeron en el tráfico económico bajo “la apariencia de una campaña publicitaria formalmente contratada, facturada y contabilizada”, y sostiene que los mismos hechos presentan también indicios de financiación ilegal de partidos.