El portavoz del PP Rogelio Baón defendió la constitución de esta comisión, por entender que "hay motivos suficientes para investigar un 'agujero' que está entre los 10.000 y los 12.000 millones de pesetas".

El PP presentó esta iniciativa durante la comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso del secretario general de Asuntos Penitenciarios, Antoni Asunción, para inormar de las causas por las que fueron destituidos a finales del año pasado los directores de las prisiones Puerto II de Cádiz y Herrera de La Mancha.

Estos dos directores fueron cesados el año pasado por las irregularidades detectadas en la adquisición de los suministros para sus respectivos centros.

Baón manifestó que el caso de estos dos responsables cesados es "sólo la punta del iceberg de una mala gestión, que se ha traducido en un costo aproximado por interno de casi cuatro millones de peseas".

El secretario de Estado aseguró sobre este caso que el Gobierno "está acotando las responsabilidades" en estos momentos y "llevará la investigación "hasta el final".

Asunción dijo que facilitará al Congreso la lista de proveedores a los centros penitenciarios del país y tendrá toda la colaboración del Ejecutivo para que asuntos como éstos sean totalmente esclarecidos.

Pero lo que no se puede hacer, dijo, es "crear una imagen de que estos casos son generalizados, porque eso es muy peligrso".

"El colectivo de directores y subdirectores de prisiones de este país hace un gran trabajo y tiene en general una actuación magnífica. Si hay casos concretos de irregularidades, lo mejor es denunciarlos", añadió.