Así lo anunciaron los vicesecretarios de Economía, Juan Bravo, y de Desarrollo Sostenible del PP, Paloma Martín, en una rueda de prensa en la sede nacional del partido en la que reclamaron, entre otras medidas, deflactar la tarifa del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y prorrogar las rebajas sobre el IVA de los alimentos y de la electricidad, el gas natural y la biomasa.

Solo estas dos últimas medidas costarían unos 2.400 millones de euros, según el Plan Presupuestario del Ejecutivo. Una parte de ese importe se podría pagar, según propuso Bravo, dando marcha atrás en la compra del 10% de Telefónica, que costará al Estado en torno a 2.100 millones de euros.

Y la parte restante se financiaría con una reducción del número de ministerios de 22 a 13 que, según las cifras que manejan en el partido en base a distintos informes, permitirían reducir el gasto burocrático en, “como mínimo”, 1.000 millones de euros.

Además, con un impulso en los fondos europeos Next Generation y una eventual mejora de la recaudación tributaria por la mejora del consumo que, según el PP, se produciría gracias a la aplicación de estas políticas fiscales, se pagarían el resto de las medidas que el principal partido de la oposición pone sobre la mesa.

Entre ellas, aboga por incluir la carne, el pescado y las conservas en la bajada del IVA y reducir los pagos fraccionados de los autónomos. En materia energética, quiere también prorrogar la suspensión del Impuesto sobre la Producción de Energía Eléctrica y del Impuesto Especial Eléctrico, la prohibición de interrumpir los suministros de agua, luz y gas a colectivos vulnerables, y de la tarifa de último recurso (TUR).

MEJORA DE LA RECAUDACIÓN

El PP defiende que el Gobierno tiene la obligación de aprobar estas medidas por el incremento de la recaudación tributaria, que se ha engrosado en 13.138 millones de euros hasta noviembre (+5,5% interanual) y, según Bravo, ha sido a costa de las clases bajas y medias.

Asimismo, en materia energética, Martín justificó las medidas que propone su partido en que las facturas de la luz están “elevadísimas”, la pobreza energética se ha “disparado”, y la política energética de Sánchez es “muy distinta” a la que se practica en el resto de países europeos, sobre todo por el incremento de las importaciones de gas ruso y la ruptura de las negociaciones con Argelia, que era el principal suministrador de esta fuente de energía.

Con todo ello, el PP se pondrá en contacto formalmente con el Gobierno en las próximas horas para tratar de agendar una reunión. Todo ello, después de que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, rechazara estas medidas cuando el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se las propuso en su encuentro del viernes pasado en el Congreso de los Diputados.

Asimismo, el principal partido de la oposición volvió a cargar contra la falta de transparencia del Ejecutivo y pidió información de las medidas que aprobará mañana en Consejo de Ministros. “Parece lógico”, dijo Bravo sobre su petición de reunión. “Lo que no parece lógico es que estemos a 26 de diciembre y las medidas tengan que aplicarse el 1 de enero y a día de hoy sigamos sin saber qué es lo que va a hacer el Gobierno”, apostilló.