Así lo anunció el PP este sábado en un comunicado en el que alertó sobre el ascenso del número de jugadores 'online' en España y pidió aprobar medidas en el Congreso de los Diputados para evitar conductas adictivas, en colaboración con expertos, profesionales y administraciones autonómicas y locales.

De ahí que los populares hayan registrado esta semana dos iniciativas para poner freno a la ludopatía, alertando sobre el problema y exigiendo al Gobierno de Sánchez la puesta en marcha de medidas para mejorar la prevención, el tratamiento y la rehabilitación de la adicción al juego en línea.

El PP destacó que el pasado año, según la Dirección General de Ordenación del Juego del Gobierno, se registraron casi medio millón de nuevos jugadores en línea con respecto a 2023 y destacó que, según los datos de este organismo, el 85,7% de los jugadores 'online' tienen una edad comprendida entre los 18 y los 45 años.

En consonancia con las asociaciones de rehabilitación, el PP exige en estas iniciativas “más y mejores medidas específicas para evitar conductas adictivas al juego online”, incluyendo mejoras en la prevención, el tratamiento y la rehabilitación de la ludopatía en la próxima Estrategia Nacional sobre Adicciones y en el siguiente Plan de Acción sobre Adicciones.

Además, el PP pidió que estas acciones para luchar contra esta adicción se pongan en marcha desde el consenso real con las comunidades autónomas, las diputaciones provinciales y los entes locales, así como con los profesionales del ámbito sanitario, social, educativo y de la investigación.

En este sentido, el PP abogó por mejorar el sistema de "autoprohibición voluntaria" de acceso a los juegos de azar, una herramienta que el partido ve esencial en la prevención y el tratamiento de las personas que reconocen estar en una situación de riesgo o de adicción al juego. Dicha herramienta consiste en que cualquier ciudadano consciente de su situación de ludopatía puede solicitar ser inscrito en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego, una inscripción que le impide la entrada en operadores de juego 'online' autorizados en todo el territorio nacional.

Desde el PP señalaron la necesidad de ampliar el plazo mínimo para mantenerse en este registro de exclusión del juego de seis meses a un año, tal y como también defienden las asociaciones de atención a la ludopatía y expertos en prevención y salud mental, debido a que medio año es un tiempo considerado insuficiente por las mismas, pudiendo, incluso, comprometer la efectividad del mecanismo de protección para los afectados.

Por todo ello, el PP propuso, además de esta ampliación, pedir al Ejecutivo que estudie los mecanismos complementarios de seguimiento, apoyo psicológico y evaluación previa en los procedimientos de baja del registro, especialmente en los casos reincidentes, para garantizar que la salida del sistema de 'autoprohibición' sea responsable y se eviten recaídas.