En la iniciativa, recogida por Servimedia, el PP recuerda que la suspensión de funciones está regulada en el artículo 92 de la Ley de Régimen del Personal de la Guardia Civil y puede acordarse tras un procesamiento, una inculpación o una medida cautelar en un proceso penal, así como por la incoación de un expediente disciplinario por falta muy grave.

Los populares subrayan que esa decisión corresponde al Ministerio de Defensa, que debe valorar la gravedad de los hechos, la existencia o no de prisión preventiva, el perjuicio al régimen del Instituto Armado y la alarma social. Asimismo, apuntan que el Ministerio del Interior es el competente para decidir si esa suspensión conlleva también el cese en el destino.

En este contexto, el PP pregunta a Robles “qué razones” tiene para no haber incoado los “correspondientes expedientes disciplinarios y de suspensión” a los agentes de la Guardia Civil afectados por las imputaciones judiciales y para no haber promovido el cese de la propia directora general del Instituto Armado.

También reclama saber qué medidas tiene previsto adoptar Defensa, “en el ejercicio de las competencias” que le atribuye la Ley de Régimen del Personal de la Guardia Civil, después de que González y Llamas hayan sido imputados por delitos de prevaricación administrativa y obstrucción a la Justicia.

PETICIÓN DE SUSPENSIÓN

La ofensiva parlamentaria llega después de que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz imputara en el ‘caso Leire’ a la directora general de la Guardia Civil y al DAO, en una causa en la que varias asociaciones profesionales ya habían reclamado a Defensa que aplicara la normativa y suspendiera de funciones a Llamas. Robles tiene potestad para acordar esa suspensión, mientras que Interior puede decidir si lleva aparejado el cese en el destino.

El PP sostiene en su escrito que los delitos atribuidos a ambos mandos son “precisamente” los que el artículo 92 contempla entre los más graves a la hora de valorar una suspensión, y alega que la “alarma social es máxima” porque, según recalca, es “la primera vez que se imputa a la cúpula operativa de la Guardia Civil en ejercicio”.

El PP cita además doctrina constitucional para defender que la suspensión provisional de funciones, como medida cautelar, busca “proteger la integridad de la función” y preservar su imagen exterior, así como evitar que la permanencia del funcionario en su puesto pueda suponer un riesgo para la institución o dificultar la investigación judicial o administrativa.

Por su parte, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, elevó este viernes la presión sobre el Gobierno y afirmó en una entrevista en Telecinco que “solo cabe la dimisión del ministro” del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y “el cese inmediato” tanto de Mercedes González como de Manuel Llamas.

RESPONSABILIDAD DE DEFENSA

Gamarra defendió que Robles también debe actuar porque el cese o suspensión del DAO afecta al régimen del personal de la Guardia Civil y, por tanto, “la ministra de Defensa también tiene una responsabilidad”. “La ley le señala a ella también con la responsabilidad de instar el cese”, afirmó.

La dirigente del PP acusó además a Moncloa y Ferraz de formar parte de una “estrategia” para “desestabilizar y obstaculizar la acción de la Justicia” en torno a las investigaciones que afectan al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. “Esto no son elucubraciones, esto no son bulos”, aseguró, antes de remarcar que las imputaciones se apoyan en un informe de la Fiscalía Anticorrupción.