En el recurso, que será entregado en el Tribunal Constitucional, el PP afirma que el decreto supoe una violación del principio de seguridad jurídica y que no había una necesidad urgente que justificase la promulgación de esta norma por una vía distinta a la de una ley o los Presupuestos del Estado.

A su juicio, si el aumento de recaudación como consecuencia de las tarifas no se va a producir hasta junio del año que viene, no hay urgencia, y por lo tanto el Ejecutivo ha conculcado el artículo 86.1 de la Constitución.