El principal partido de la oposición busca así abrir el debate parlamentario sobre la regulación de estas prendas en el ámbito público, después de que el Pleno del Congreso tumbase una iniciativa similar de Vox. El partido de Santiago Abascal era aún más duro y apostaba por hasta expulsar de España o sancionar con 20.200 euros a los incumplidores. El PP la apoyó para abrir el debate, aunque tenía previsto enmendarla.

La propuesta del partido de Alberto Núñez Feijóo puede contar con un amplio consenso. Además de Vox, Junts ha registrado su propia propuesta en este sentido, el PNV ha pedido estudiarlo en una subcomisión parlamentaria y el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha tildado de “salvajada” el burka y ha defendido que “la izquierda laica” no puede “permitir que se invisibilice a la mujer”.

El texto del PP, avanzado por ‘El Mundo’ y cotejado por Servimedia, se extiende a las vías, calles, carreteras y demás espacios de uso o servicio público; las instalaciones, edificios y dependencias de titularidad pública abiertas al público; los centros y servicios públicos de carácter educativo, sanitario, administrativo o asistencial; y los medios de transporte público o de uso colectivo.

En concreto, “prohíbe la utilización de cualquier tipo de vestimenta, prenda, accesorio u otros elementos que oculten total o parcialmente el rostro de forma que imposibiliten o dificulten la identificación de las personas en los espacios descritos en el artículo anterior”.

El objetivo es, por un lado, “proteger el normal funcionamiento de los servicios” y, por otro, “los principios constitucionales de igualdad, libertad, dignidad de la persona y los derechos inviolables que le son inherentes”, en alusión al burka y el niqab.

Ya durante su intervención en el Pleno del Congreso, la portavoz del PP, Ester Muñoz, subrayó que “la prohibición del velo integral no es contra una fe, es contra la invisibilidad forzada”, y recalcó que “España es una nación que ha avanzado demasiado en derechos para la mujer, y no vamos a retroceder ahora”. En su opinión, el burka y el niqab son “una cárcel de tela” para las mujeres.

No obstante, su propuesta establece una excepción y permite su “temporal” en “el contexto de actividades culturales, festivas, tradicionales autorizadas”.

El incumplimiento de la ley constituirá una infracción administrativa leve, sancionada con multa de 100 euros, que podrá ser conmutada con “la participación voluntaria en programas públicos de sensibilización, formación o integración social. En caso de reiteración podrá imponerse una multa de hasta 600 euros, mismo importe que se impondrá a quien incite el incumplimiento.

El Gobierno, en colaboración con las comunidades autónomas y las entidades locales, se encargará de impulsar protocolos comunes para la aplicación efectiva de esta ley, “velando por la proporcionalidad de las medidas, la protección de la dignidad personal, y el respeto a los derechos fundamentales”. En la elaboración de dichos protocolos podrán participar entidades religiosas y organizaciones representativas de intereses sociales.

El PP ya suscribió su compromiso con la prohibición del burka en su nuevo ideario, aprobado en julio de 2025 en su Congreso Nacional.

“Ninguna tradición ni creencia puede justificar prácticas que invisibilizan u oprimen a la mujer. El uso del burka o el niqab suponen una negación simbólica y práctica de su libertad y colisionan con principios superiores como la seguridad y el cumplimiento de la ley. Frente a esto, reivindicamos los valores de dignidad, autonomía y plena participación de la mujer en el espacio público, principios esenciales de nuestra democracia”, reza su ponencia política.