La iniciativa se produce ahora que el Consejo de Europa ha invitado al Gobierno a remitirle una lista de candidatos para el TEDH antes del 10 de agosto. El mandato de los titulares es de nueve años y no pueden ser sustituidos por cambio de Gobierno. Y el de la jurista María Elósegui caduca en el primer trimestre de 2027.

No obstante, la propuesta del PP afecta a otros órganos jurídicos internacionales como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), el Tribunal General de la UE, el Consejo Consultivo de Jueces Europeos, el Consejo Consultivo de Fiscales Europeos, el Tribunal Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia.

En la iniciativa, el PP plantea un plazo de tres meses para que el CGPJ apruebe un procedimiento para garantizar que las designaciones referidas se formalicen siguiendo los criterios de "transparencia, publicidad, mérito y capacidad, a los que obligan tanto el Convenio Europeo de Derechos Humanos y el resto de la normativa aprobada por el Consejo de Europa y el Tratado de la Unión Europea".

La razón de ser de esta propuesta es que, según el PP, el Gobierno está "incumpliendo las líneas maestras" del Consejo de Europa para la selección de candidatos a ser juez del TEDH, "que indican que el órgano encargado de recomendar candidatos debe tener una composición equilibrada".

Sin embargo, en el caso español, "y gracias al Real Decreto aprobado en 2020 por el Ejecutivo de Sánchez, este organismo concede el monopolio al Ejecutivo en las designaciones, puesto que la mayoría absoluta de los miembros que lo componen han sido nombrados por Moncloa y forman parte del Gobierno".

"Este procedimiento no respeta las Líneas Maestras del Consejo de Europa, sigue la dirección contraria a la que han previsto ya muchos otros países y está al margen de los estándares y requisitos de independencia que se exigen tanto por parte del Consejo de Europa como de la Unión Europea", advierte el PP en la iniciativa.

Además, la oposición denuncia que el plazo otorgado para la solicitud de candidaturas ha sido de solo diez días, es decir, "extremadamente corto y muy inferior al que se dio en 2017, cuando sí fue acorde a los estándares fijados por el Consejo de Europa".