Estas fuentes señalaron que las conlusiones a las que han llegado son duras y comprometedoras para la administración socialista y, en particular, para el área económica del Gobierno, sobre quien recae la responsabilidad de autorizar las inversiones del grupo kuwaití.

El PP considera que del tratamiento que el Gobierno ha dado a este grupo se desprenden responsabilidades administrativas, instituciones y también personales.

Con ese planteamiento, los populares piensan utilizar el "caso KIO" como un nuevo ariete electoral contra el Gbierno, si bien el PP dejará claro que el inicio de su investigación no obedeció a razones electorales, ya que se produjo antes de la convocatoria de los comicios.

El PP anunció su decisión de investigar este "affaire" en una rueda de prensa ofrecida por su secretario general, Francisco Alvarez Cascos, el pasado 14 de enero, durante la cual amenazó con la interposición de una querella contra Felipe González si el PSOE impedía la creación de una comisión parlamentaria de investigación.

En aquella casión, Cascos acusó al Ejecutivo de desviación de poder y de un presunto delito de prevaricación (dictar resoluciones injustas a sabiendas) supuestamente cometido por el Consejo de Ministros, y del que será personalmente responsable Felipe González.

La presunta prevaricación, que está castigada en el Código Penal con la inhabilitación de su autor para el desempeño de cargos públicos, se habría producido, según el PP, al no cumplirse el requisito legal de someter a autorización especial las inversione en España de un estado extranjero.

Para el PP, el Gobierno no puede pretender que las inversiones de KIO tenían carácter privado, puesto que es patente que actúa como agencia de inversiones de estado de Kuwait.

En cuanto a la posible desviación del poder, el PP apreció entonces que el Gobierno incurrió en ella al conceder "un trato de privilegio" a las inversiones de KIO y al haber impuesto como directivos de sus empresas a Javier Vega de Seoane y Manuel Guasch.

Con posterioridad a esta ruea de prensa trascendió que un primer informe jurídico elaborado por el diputado popular Manuel Otero Novas ampliaba la apreciación inicial del PP sobre la conducta de Felipe González en este caso, al imputarle un presunto delito de prevaricación y otro de cohecho.

El cohecho se habría producido, de acuerdo con las tesis populares, si, como afirma el ex máximo responsable de KIO en España, Javier de la Rosa, el Gobierno hubiese exigido el nombramiento de Vega de Seone y Guasch como contrapartida a la arobación de sus inversiones.

El informe popular señala que hay "suficiente base jurídica y lógica política" para presentar acciones legales contra González y su Gobierno por autorizar las inversiones de KIO sin el permiso previo del Consejo de Ministros y pasando por alto el interés nacional.