El diputado popular Jaime Ignació del Burgo presentó en rueda de prensa en el Congreso una proposición de ley, en la que además hace extensiva esta medida a los miembros de corporaciones locales.

El PP propone que en caso de que el cónyuge se oponga a la inclusión en la declaración de sus bienes patrimoniales y los de sus hijos mejores de edad, se haga constar esta negativa en el registro de intereses.

Del Burgo consdera necesario modificar la ley de 1983 sobre incompatibilidades de altos cargos, "a la vista de acontecimientos recientes de corrupción ocurridos en la vida pública española".

La proposición de ley del Grupo Popular también defiende que los altos cargos relacionados directamente con el ejercicio de las funciones económico-financieras, queden sujetos a limitaciones a la hora de realizar inversiones bursátiles, a fin de evitar que se produzcan actuaciones éticamente reprobables en virtud del acceso a iformaciones de carácter privilegiado. El PP sugiere que sea la Comisión Nacional del Mercado de Valores la que controle estas limitaciones.

Finalmente, los populares proponen que los "dispersos" registros de intereses y patrimonio de los altos cargos del Estado que, a su juicio, existen en nuestro país, se centralicen en un único registro, de carácter público, bajo custodia del Tribunal de Cuentas.