Así lo aseguró el senador popular Antonio Silván al defender en el Pleno de la Cámara Alta la toma en consideración de una proposición de ley para reforzar el sistema de elección del CGPJ. La iniciativa de los populares plantea que, de los 20 vocales que incluye el Consejo, además del presidente, los 12 de extracción judicial sean elegidos directamente por los magistrados. Respecto a los otros 8, que escogen Congreso y Senado, se propone que no puedan ser exministros ni exparlamentarios. Además, los de Alberto Núñez Feijóo quieren que cada vocal tenga un suplente para evitar casos de bloqueo político.

La proposición de ley de los populares, que será aprobada al tener el PP mayoría absoluta en la Cámara Alta, fue respaldada por Vox, mientras que el PNV dijo que no votaría en contra. Sin embargo, el contenido de la reforma propuesta fue rechazado por PSOE, Junts y EH Bildu.

En su defensa de la propuesta legal, Silván señaló que su partido hacía esta propuesta de cambio legal en un “momento especialmente relevante”, ya que los populares entienden que hay jueces que están sufriendo una “presión política impropia de una democracia consolidada”, en referencia a los instructores que llevan sumarios por corrupción.

“Cada resolución que incomoda al Gobierno”, afirmó este senador, “recibe una descalificación; cada investigación judicial que afecta al entorno del poder genera ataques, sospechas y campañas de señalamiento; cada decisión que no coincide con los intereses del Gobierno es presentada como un problema de los jueces”.

El representante popular dijo que su fuerza política quiere reforzar la “independencia” judicial, al tiempo que señaló que la presunción de inocencia en causas por corrupción “no puede depender del partido político al que pertenezca quien está siendo investigado”.

“Si todos reaccionáramos igual ante cualquier caso de corrupción, con independencia de donde proceda, estaríamos prestando un gran servicio a nuestra democracia, a nuestras instituciones y a la confianza de los ciudadanos, porque combatir la corrupción es respetar las garantías del Estado de derecho”, afirmó.

"EL PROBLEMA NO ES EL MODELO"

Por el contrario, por el PSOE, Miguel Ángel Adrián atribuyó al PP que la renovación del CGPJ estuviera bloqueada durante más de cinco años, lo que conllevó el deterioro de "la imagen del Estado de derecho y de la independencia judicial".

Adrián defendió la designación parlamentaria de los vocales por su "contrastada” adecuación a la Carta Magna. A este respecto, citó al Tribunal Constitucional para sostener que la composición del Consejo debe reflejar "el pluralismo existente en el seno de la sociedad" y que "el problema no es el modelo” de elección, sino "su aplicación práctica".

A su vez, la senadora de Vox Paloma Gómez calificó el acuerdo de renovación del CGPJ firmado en julio de 2024 por PSOE y PP como una "rendición" y una "claudicación" del PP ante el presidente Pedro Sánchez. Dijo a los populares que ceder ante el PSOE “solo ha servido” para que el Gobierno “tenga más oxígeno" y siga "colocando a sus jueces militantes".

“LAWFARE” Y JUECES “FRANQUISTAS”

Por el PNV, Igotz López reprochó a los de Feijóo de proponer un modelo que da “de facto” el poder a la asociación mayoritaria de jueces, por la APM. Además, señaló que la Comisión de Venecia ha advertido el "riesgo de politización interna" del Consejo si se da más peso a las asociaciones de jueces, aunque apuntó que los peneuvistas no votarían en contra, ya que consideran necesarios cambios en el órgano de gobierno de los jueces.

Desde Junts, María Teresa Pallarès afirmó que los de Alberto Núñez Feijóo plantean "un Poder Judicial unitario y centralista" mediante una circunscripción única estatal que no garantiza "ninguna representación territorial ni plurinacional". Asimismo, afirmó que el PP quiere un “blindaje corporativo del lawfare”, que sostuvo se aplicó contra el proceso independentista en Cataluña que impulsó Carles Puigdemont.

En una línea similar, el senador de EH Bildu Mario Zubiaga sostuvo que amplias capas de la judicatura son "perfectos herederos” de las “instituciones franquistas” y vinculó ese "Estado profundo" con el ‘lawfare’.

A este respecto, Silván pidió al presidente del Senado, Pedro Rollán, retirar las referencias de Junts y EH Bildu al “lawfare” y los jueces “franquistas”, algo a lo que accedió el responsable de la Cámara pese a la queja de estos partidos.