Ambas medidas figuran en una proposición de ley registrada por los socialistas en el Congreso. El texto propone que la tasa máxima de alcohol permitida para todos los conductores de vehículos baje a 0,2 gramos por litro de sangre (frente a los actuales 0,5 gramos) o 0,1 miligramos por litro en aire espirado (ahora es de 0,25).

Ello supondría rebajarla en más de la mitad y se alinea con lo anunciado el pasado septiembre por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al considerar que la sociedad española está “madura” para abordar este asunto.

El plazo de presentación de enmiendas a la proposición de ley ya ha concluido. En total, los grupos parlamentarios registraron 32, según pudo saber Servimedia: 10 del PP, seis de Sumar, seis de Podemos, cinco de Junts, tres conjuntas del PSOE y Sumar, una del PSOE y otra de Esquerra Republicana.

El PP propone suprimir la nueva tasa al defender que ello debe realizarse “necesariamente de forma reglamentaria” y estar avalado por informes y propuestas del Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible, además de otros “organismos competentes”.

CONTROLES

Por su parte, Junts plantea anular la propuesta de prohibir que se difunda mediante aplicaciones de mensajería instantánea o redes sociales la ubicación de controles policiales de alcohol y drogas porque “choca con los derechos a la libertad de expresión y comunicación”, y defiende que se aborde mejor en la Ley de Seguridad Ciudadana, no en la de tráfico.

Sobre ese asunto, el PP da su beneplácito “siempre que no suponga una vulneración al ámbito de protección del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones”, recogido en la Constitución.

Además, Junts propone que las empresas dedicadas al transporte de viajeros por carretera puedan someter a los conductores profesionales a reconocimientos médicos iniciales y anuales de forma obligatoria, con protocolos de test de drogas y alcohol, así como test psicológicos.

Por último, Esquerra Republicana sugiere que el Gobierno debería dictar un real decreto que regule un régimen específico de coeficientes reductores de jubilación para los conductores profesionales similar al del personal de vuelo del sector aéreo.