Según explicaron fuente del PP a Servimedia, el recurso se dirige contra la actuación del Gobierno expresada en las comunicaciones desde la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes que lidera Rafael Simancas de los días 7 y 8 de agosto, en las que el Ejecutivo esgrimió que quería evitar duplicidades, y por tanto asistiría a las comparecencias fijadas a petición propia en el Congreso.

La decisión del Gobierno se materializó en la incomparecencia de los ministros Fernando Grande-Marlaska, José Manuel Albares y Margarita Robles ante las comisiones de Interior, Asuntos Exteriores y Defensa de la Cámara Alta, a las que habían sido convocados con carácter urgente para informar sobre la crisis migratoria desatada en Ceuta por la entrada irregular de al menos 72.000 personas.

Lo que argumenta el PP es que las comparecencias se solicitaron por la mayoría absoluta del Senado, que ostentan los populares, y se tramitaron de forma correcta por los órganos de la Cámara.

ARGUMENTO JURÍDICO

La cuestión jurídica central que plantea el recurso de la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo es que el Gobierno no puede decidir unilateralmente ante qué Cámara se somete a control. Según el recurso, una comparecencia voluntaria del Ejecutivo ante el Congreso no puede sustituir una comparecencia exigida reglamentariamente por el Senado.

Además, el PP sostiene que esta negativa vulnera el derecho fundamental de los senadores reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución, porque impide ejercer de manera efectiva una de las funciones esenciales del parlamentario, que es controlar al Gobierno.

En su escrito el PP subraya que el Senado no está subordinado al Congreso en su función ordinaria de control. Para los populares, que únicamente el Congreso sea quien otorgue o retire la confianza al Gobierno no significa que pueda monopolizar las comparecencias, preguntas, solicitudes de información o demás mecanismos constitucionales de control.

El PP en su recurso solicita una medida cautelarísima, que pasa porque el Supremo ordene provisionalmente al Gobierno dejar de eludir las comparecencias reclamadas por el Senado; acudir a las sesiones todavía pendientes; adoptar en un máximo de 24 horas las decisiones necesarias para posibilitar las comparecencias de los restantes ministros antes de que termine agosto; comunicar inmediatamente al Senado la disponibilidad de los ministros para poder convocar las sesiones; y, abstenerse de condicionar las comparecencias en el Senado a su sustitución por comparecencias promovidas por el propio Gobierno ante el Congreso.