Por este motivo, la formación popular volverá a acudir en los próximos días al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para plantear un incidente de ejecución de sentencia con el objetivo de obligar a la OCI a que reabra de nuevo una investigación que se archivó ayer por segunda vez.

Así lo afirmó la vicesecretaria de Regeneración Democrática del PP, Cuca Gamarra, en una conversación informal con periodistas en los pasillos del Congreso, donde confirmó que su partido no descarta ninguna medida judicial contra Sánchez. La dirigente popular argumentó que, a su juicio, el propio Gobierno –la OCI depende de él– ha admitido implícitamente la presunta comisión de un delito de Sánchez al constatar que Begoña Gómez fue directora del IE Africa Center entre el 1 de agosto de 2018 y el día 27 de mayo de 2022.

El PP sostiene que hay partido solo con este dado, ya que el IE Africa Center suscribió, con Begoña Gómez al frente, un acuerdo de patrocinio y colaboración con Wakalua, el ‘hub’ de innovación turística del ‘holding’ Globalia, que, a su vez, es matriz de Air Europa.

Diez meses después de materializarse esta alianza, el Consejo de Ministros aprobó el rescate de Air Europa por 475 millones de euros con la participación de Sánchez, que, en opinión del PP, debió abstenerse por la apariencia razonable de influencia o beneficio para una entidad con la que el entorno del presidente mantenía relaciones profesionales.

OTRO PRECEDENTE

A la luz de estas informaciones, el PP considera que la OCI debe continuar su investigación y, por ese motivo, planteará un incidente de ejecución de sentencia al TSJM. En otras palabras, volverá a los tribunales para denunciar que la oficina no ha cumplido su cometido pese a tener indicios de un posible delito, con el objetivo de que ordene al órgano gubernamental cómo debe proceder a partir de ahora.

Un precedente similar es el del uso del castellano en las aulas de Cataluña. En 2020, el TSJC fijó que, en el sistema educativo catalán, el castellano debía impartirse al menos en un 25% de las horas lectivas. La Generalitat desoyó la sentencia y el tribunal autonómico ordenó aplicarla “de forma inmediata” en 15 días, dando instrucciones a la Consejería de Educación y estableciendo mecanismos de control en 2022. Además, llegó a eliminar en 2024 partes de un decreto aprobado por el Parlament de Cataluña que blindaba el catalán como única lengua vehicular.

El PP también se plantea actuar contra los funcionarios encargados del expediente por una posible vulneración de sus obligaciones públicas, según Gamarra, que considera que la institución ha sido “colonizada” por Sánchez.