CiU ha secundado esta iniciativa del PP unos días después de que el PSC optase por reeditar el tripartito en la Generalitat catalana para formar el Gobierno de la Generalitat, a lo que los convergentes respondieron advirtiendo de que su contribución a la gobernabilidad en el Parlamento no podría ser la misma en lo que queda de legislatura.

La moción del PP reclamaba la supresión de la Sociedad Pública de Alquiler, dependiente del Ministerio de Vivienda, tras constatar su "inutilidad" durante el tiempo que lleva funcionando.

El senador del PP José Manuel García Ballestero argumentó que la Sociedad Pública de Alquiler no tiene ninguna credibilidad entre los ciudadanos y, por tanto, el Gobierno carece de razones para no suprimirla.

El senador socialista Eduardo de Orduña contestó al PP que sus argumentos tienen la misma música y letra que el pasado año, cuando los populares ya pidieron la disolución de la sociedad.

El portavoz socialista dijo que, gracias a la Sociedad Pública de Alquiler, se está produciendo un cambio de mentalidad, ya que "ahora no todo el mundo quiere una vivienda en propiedad y hay mucha gente que opta por el alquiler".

Además, De Orduña lamentó que el PP no sea más imaginativo en este terreno y colabore con propuestas para luchar contra la especulación.

En su moción, el PP pedía que los fondos destinados a la Sociedad Pública de Alquiler se transfieran a los organismos y entidades de las comunidades autónomas competentes en las políticas de alquiler, para evitar duplicidades en la gestión y ahorrar gastos innecesarios.

A juicio del PP, la SPA no funciona, ya que, después de todo el gasto realizado y de ser la iniciativa estrella del Gobierno para resolver el problema del alquiler, sólo ha conseguido gestionar en España 2.000 contratos durante su primer año de funcionamiento.

El PP considera que el citado organismo tiene problemas competenciales con las Comunidades Autónomas, una estructura desorbitada (2 millones de euros en gastos de personal para 2006) y pérdidas acumuladas previstas a 31 de diciembre de 2006 de 12 millones de euros.

El portavoz de CiU en el Senado, Pere Macías, dejó claro que, con su voto, no reprueba la política de viviendas de alquiler del ministerio y, aclaró, que solo se opone a la existencia de esta sociedad porque considera que no es la mejor forma de invertir el dinero público y porque la gestión no ha sido buena.