En la defensa de la proposición, que logró 170 votos favorables (PP, Vox y UPN), 20 abstenciones (Junts, ERC, CC y Compromís) y 156 votos en contra, la diputada del PP por Huelva Bella Verano destacó que se trata de “un ejercicio de respeto a las víctimas y de responsabilidad con el conjunto de los españoles” y denunció que “lo que estamos viviendo no es una sucesión de casualidades, sino que se debe al progresivo deterioro del servicio de los últimos años”.

En esta línea, reprochó al Gobierno no haber atendido durante años diversas advertencias y avisos de profesionales del sector. “No fue una fatalidad, no fue mala suerte, fue una decisión política”, concluyó, antes de sentenciar que “la gestión del Ministerio de transportes no ha estado a la altura”.

Por su parte, la diputada de Vox, Patricia Rueda, reprochó al PP que no incluyera la enmienda pidiendo el cese del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, desde el principio, así como que no presente una moción de censura contra el Gobierno de Pedro Sánchez. “Tenemos un Gobierno negligente, una corrupción que mata y un PP que es cómplice”, espetó antes de atribuir también al partido de Núñez Feijóo la responsabilidad por el mal estado de las infraestructuras por sus años de Gobierno.

A continuación, el diputado de Junts Isidre Gavin no explicitó el sentido del voto de su formación y afeó al PP lo que hizo en el ferrocarril cuando gobernaba. “También es uno de los responsables”, añadió. Además, echó en falta en la propuesta del PP el traspaso de la gestión a Ferrocarrils de la Generalitat. “El caos es lo que se vive en Cataluña”, lamentó, antes de criticar que “nadie asume responsabilidades políticas”.

Inés Granollers de ERC también denunció lo que calificó como “el colapso en Cataluña”, que atribuyó a la falta de inversión desde hace años y a que Adif no ejecute los presupuestos. Por ello, criticó que la propuesta del PP no cuestione el modelo centralista de Adif y le acusó de “haber ignorado durante años las infraestructuras ferroviarias en Cataluña”.

En nombre de Podemos, Martina Belarde, reprochó la proposición y acusó al PP y Vox de “tratar de sacar tajada electoral de cualquier desgracia”. También denunció que esos dos partidos “hacen un politiqueo asqueroso cuando hablamos de un tema muy serio y hay muchas familias afectadas”.

Por su parte, Nerea Rentería (PNV) afirmó que la proposición “No aporta soluciones reales” y cuestionó la credibilidad del PP porque “hoy exige aquello que durante años no hizo cuando tuvo la responsabilidad de hacerlo”. Además, criticó al Gobierno porque “falla la seguridad, el mantenimiento y la prevención”.

En la misma línea, Mikel Otero, de EH Bildu, dijo al PP que “la primera actuación urgente es que ustedes dejen de ser unos cínicos” y recordó que la inversión en ferrocarril pasó de 8.000 a 3.000 millones de euros anuales cuando gobernó Rajoy. “Estamos viendo hoy los resultados de las políticas de la década anterior”, apostilló, antes de advertir al Gobierno que “los problemas persisten y la situación se agrava”.

Finalmente, en nombre del Gobierno, Patricia Otero defendió la actuación del ministro Puente y criticó al PP por “no usar el mismo rasero” cuando se trata de sus asuntos, poniendo como ejemplo el caso del presunto acoso sexual del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista. “Se trata de colocar el mensaje de que los accidentes son consecuencia de la mala gestión del gobierno porque trata de imponer su relato político”, sentenció.

Asimismo, Félix Alonso, de Sumar, despreció “la credibilidad” del PP en materia ferroviaria porque ”los problemas no empezaron ni ayer ni antes de ayer” y recordó que sus gobiernos no compraron ni un tren de Rodalies.

LA PROPOSICIÓN ORIGINAL

El texto original de la proposición denunciaba que “el caos ferroviario se ha cronificado, y se han convertido en habituales los retrasos, cancelaciones, vibraciones, roturas de catenaria, descarrilamientos, fallos en la infraestructura, fallos en los trenes, ausencia de información, o la deficiente atención a los pasajeros”.

De hecho, enmarcaba en “las circunstancias anteriormente descritas” el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), y el de Gelida (Barcelona), que provocaron el fallecimiento de al menos 47 personas.

Entre otras medidas, el PP pide realizar de manera inmediata una auditoría externa independiente para analizar de manera dinámica todas las vibraciones e incidencias en las vías de alta velocidad en España, que compare, con el mismo estándar de mantenimiento, los valores en distintas líneas con diferentes densidades de tráfico, tras el aumento de tráficos registrados en los últimos años.

Además, exige aprobar de manera inmediata la primera fase de un plan de choque extraordinario provincializado, donde se deben identificar todas las limitaciones temporales de velocidad existentes debido a incidencias en las infraestructuras, y detallar las actuaciones necesarias para solventarlas y paliar, a corto y medio plazo, las innumerables incidencias en los servicios de media y larga distancia, así como de Cercanías/Rodalies.

Asimismo, demanda un plan de atención urgente a los pasajeros en caso de incidencias extraordinarias; aprobar el Estatuto orgánico de la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil, y recuperar de manera inmediata la Unidad de Emergencias, Seguridad y Gestión de Crisis.