La dirigente popular confirmó en una rueda de prensa en la Cámara Baja el ‘no’ del PP a la reforma, porque “es inviable” aprobar una reforma que cambie de esta naturaleza el proceso penal si no se corta” antes “el cordón umbilical entre el Gobierno y la Fiscalía”. Es decir, que la oposición se opondrá a este proyecto de ley hasta que el Ejecutivo deje de elegir directamente al fiscal general del Estado.

Muñoz expresó su sorpresa ante el hecho de que el Gobierno haya elegido este momento para aprobar esta reforma en Consejo de Ministros. En este sentido, relató que España se encuentra “completamente bloqueada, sin un Gobierno que gobierne” y “sin mayoría parlamentaria”, y con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, “imputado”.

“¿Este es el momento en el que el Gobierno considera que hay que hacer una reforma profunda de nuestra ley de enjuiciamiento criminal?”, se preguntó irónicamente Muñoz, que aludió también a la imposibilidad de alcanzar pactos de Estado.

“Cualquier persona responsable y razonable diría que una ley de esta naturaleza hay que trabajarla con cuidado, con el principal partido de España, porque es una reforma, entiendo, para que dure. Pero no, el Gobierno quiere hacerlo deprisa y corriendo, probablemente porque necesita controlar la Justicia”, añadió.

Muñoz se abrió a la posibilidad de apoyar esta reforma en un futuro porque, como reconoció, “hay otros países” en los que “la instrucción penal la llevan los fiscales”. Pero remarcó que en estos países el fiscal general no es nombrado directamente por el Gobierno, una circunstancia que hace “inviable” esta modificación en España.