El Senado tiene que designar a un tercio de los magistrados, en sustitución de los cuatro cuyo mandato vence en diciembre. El proceso de renovación debería completarse antes del día 17, y afectaría al presidente del Alto Tribunal, Conde-Pumpido, y la magistrada María Luisa Balaguer, de la denominada ala progresista, y a Ricardo Enríquez y José María Macías, del bloque conservador.

El PP tiene la mayoría absoluta de la Cámara Alta con 145 diputados, por lo que le faltan 15 para conseguir el apoyo de tres quintos del hemiciclo, el mínimo suficiente que exige la Constitución para abordar esta renovación. Con la actual aritmética parlamentaria, el PP solo puede pactar con el PSOE.

García, sin embargo, ve complicado un acuerdo porque lo que “le interesa” a Sánchez es “controlar” el Tribunal Constitucional y, por ende, “prolongar” el mandato de Conde-Pumpido bloqueando la renovación, lo que dejaría al órgano en estado de interinidad al igual que le ocurrió al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que estuvo cinco años con el mandato caducado.

“El Gobierno y el Partido Socialista no tiene ningún interés [en llegar a un acuerdo]. Ya saben este Gobierno quiere máximos poderes y mínimos controles y, por tanto, lo que le interesa al presidente del Gobierno, al señor Sánchez, es controlar el Tribunal Constitucional y prolongar el mandato del señor Conde-Pumpido”, aseveró.

No obstante, García afirmó que su partido respetará los plazos y trabajará durante ese periodo de tiempo para que, “de renovarse el Tribunal Constitucional”, se haga “garantizando la independencia” del mismo.