En la rueda de prensa posterior al Comité de Dirección del PP de este lunes, la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, anunció que su partido introducirá en le texto una disposición para que “no quepa la declaración responsable en el marco de las regularizaciones”.

Es decir, para obligar a los solicitantes de residencia a presentar un certificado que demuestre que carecen tanto de antecedentes penales –y también policiales– en España, como en sus países de origen u otros “en los que hayan podido vivir previamente”.

El borrador del texto sobre la regularización extraordinaria de personas migrantes propuesta por el Gobierno, que es susceptible de cambios, plantea que los solicitantes puedan recibir la nacionalidad con una declaración responsable de inexistencia de antecedentes si no obtienen el certificado de antecedentes penales en el plazo de un mes porque el país de origen no lo haya enviado o el Gobierno español, tras haberlo solicitado, no haya obtenido una respuesta.

El PP quiere enmendar esta medida a pesar de que el decreto recoge que el permiso sería revocado si posteriormente se descubriese que la persona sí tiene antecedentes penales. Además, quiere hacer “obligatoria la comprobación de los antecedentes oficiales, de manera que sean los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad quienes comprueben y analicen si esas personas que quieren solicitar la residencia y que están en situación de irregularidad en nuestro país tienen o no antecedentes policiales”.

La tercera enmienda buscará excluir de la regularización a aquellos inmigrantes “que tengan procedimientos penales ya en curso en nuestro país”, ya sea “un escrito de acusación por parte de la Fiscalía”, “una apertura de juicio oral” e incluso los que estén en “situación de prisión preventiva”.

Con estas medidas, el PP pretende que la regularización de hasta 1,2 millones de inmigrantes –a los que se pueden sumar otros cientos de miles por reagrupación familiares– no se convierta en “un coladero”. Además, Gamarra exigió una partida presupuestaria para compensar a las comunidades autónomas porque, según dijo, “esta política de absoluto descontrol migratorio va a generar el colapso de los servicios públicos”.

Una vez aprobadas las enmiendas, el texto volverá al Congreso, dónde serán votadas por otro arco parlamentario con distintas mayorías. Pero en principio podrían contar con el apoyo de PP, Vox, Junts y hasta del PNV a la luz de los últimos debates parlamentarios, y aprobarse de forma definitiva pese a la posible oposición del Gobierno. El Ejecutivo, no obstante, podría maniobrar para vetarlas bajo el argumento de que interfieren en los Presupuestos, como ya ha hecho en alguna otra ocasión.