Así lo afirmó en una rueda de prensa en la sede nacional del PP, en la que señaló que los términos de la regularización masiva que plantea el Gobierno son "perjudiciales para todos" y cuentan con el rechazo del Congreso, las comunidades del PP y de "Europa en general".

No obstante, la ‘número tres’ del PP no quiso avanzar ninguna medida judicial hasta conocer la letra pequeña del texto. "Lo prudente por mi parte", dijo, "es esperar que salga el texto para decir cuáles son las medidas que adoptaremos" porque "hay un problema de legitimación activa y habrá que ver qué texto sale para decidir qué vías y qué cauces se siguen". Vox, en cambio, sí ha anunciado ya que lo llevará al Tribunal Supremo.

Al margen de la ofensiva política y judicial, la responsable de materia migratoria del PP censuró "cómo el Gobierno" se ha saltado "a la torera el Parlamento" al renunciar a tramitar la iniciativa legislativa popular (ILP) que llevaba en tramitación desde 2024, y hacerlo a través del Consejo de Ministros y por "el procedimiento de urgencia" para sortear al Congreso, donde sabe que "no tiene mayoría" para aprobar la regularización "en los términos que quiere".

Ezcurra remarcó que la medida tiene "una envergadura bastante notable" y aún se desconoce "cuántos" se beneficiarán de la misma. El Gobierno habla de 500.000 personas, pero la cifra se eleva hasta las 700.000 con los cálculos de la Plataforma de la Regularización, las 840.000 con las estimaciones de Funcas e incluso supera los 1,2 millones con los análisis de la Policía Nacional.

"Seguimos sin saber quiénes son, no sabemos dónde están, no hay un informe de impacto territorial, no sabemos de dónde vienen y no está muy claro qué va a pasar con sus antecedentes penales", denunció Ezcurra. "Lo que sí sabemos es que es perjudicial para todos porque es mala para quienes han seguido los cauces que establecía la ley, que ven como su esfuerzo queda equiparado a quien incumplió la ley; y para las personas que están por venir, porque cuando un Gobierno le dice al mundo que la irregularidad tiene un premio, les empuja a echarse en brazos de las mafias y a jugarse la vida en el mal", añadió.

"GUETIFICACIÓN"

La 'número tres' del PP considera que tampoco beneficia a las personas que se regularizan porque, al no existir "itinerario de empleo" no contar con "un plan de integración", "muchas de estas personas van a acabar guetificándose y condenadas a la precariedad".

Y la juzga negativa también "para toda la sociedad española en su conjunto, que ve como cada día se depauperan" los servicios públicos "sin que su Gobierno haga absolutamente nada". Por estos motivos, el PP avanza ya que "no habrá instrumento político, parlamentario o jurídico en el ámbito nacional o europeo que no vaya a utilizar para denunciar esta barbaridad".

No obstante, al mismo tiempo, Ezcurra expresó "el orgullo" del PP por "vivir en una España abierta, que recibe a todas aquellas personas que vienen aquí a cumplir sus sueños, respetando la ley y las costumbres, y que ayudan a que nuestra nación sea mejor".

"Pero también nos sentimos responsables de las consecuencias de una decisión como esta va a tener para toda la sociedad española y no vamos a parar hasta que eso quede claro: para nosotros ni brazos abiertos sin orden ni puños cerrados sin compasión. La inmigración bien gestionada llena vacíos, claro que sí, pero mal gestionada los crea, y este decreto los va a crear", concluyó.