Así lo expresó Serrano en una rueda de prensa en la sede nacional del PP en la calle Génova, en la que hizo un relato de los hechos y subrayó el "respaldo" del PP de Madrid al alcalde de Móstoles, Manuel Bautista.

El secretario general enmarcó este caso en una estrategia política ante las elecciones en Aragón porque los hechos ocurrieron en 2024 “sin que esto se recurriera” ni se “adoptaran medidas legales”. “Sorprende bastante que a 4 días de las elecciones de Aragón se filtre este caso que pretende tapar el desastre electoral del Partido Socialista con una candidata que sí es encubridora de un presunto acosador sexual como es Paco Salazar”, alegó Serrano refiriéndose a la exministra y candidata socialista a la presidencia de Aragón, Pilar Alegría.

Subrayó que ha habido “un año para sacar este asunto” o para “denunciar judicialmente el presunto acoso” pero “no se hizo porque no existió”. “Ahora se construye un caso con un medio de comunicación para tratar de darle presunción de veracidad a horas de unas elecciones autonómicas”.

El secretario general defendió que “esto no es un caso de acoso sexual porque nunca ha existido acoso sexual” y que este concepto se incorpora “por primera vez por parte del abogado en el último mail que mandan antes de la renuncia de esta concejala como afiliada y concejala”. “Ella siempre alegó conflicto laboral, al margen de las discrepancias que tuvieran en el plano personal y político”, dijo Serrano.

INVESTIGACIÓN INTERNA

“Si realmente hubiera denunciado una situación de acoso sexual, el partido no le hubiera ofrecido una reunión con el secretario general o con la vicesecretaria, sino que se lo hubiera derivado a los órganos internos que el partido tiene para este tipo de asuntos”, apuntó.

A ese respecto, defendió que el procedimiento desde que se conocieron los hechos ha sido "totalmente diligente y riguroso" y que el momento en el que se habló por primera vez de "acoso sexual" coincidió con el momento en el que el PP dejó de tener potestad en este asunto porque pasó a la Dirección Nacional y en concreto al Comité de Derechos y Garantías al ser Móstoles una ciudad de más de 100.000 habitantes.

Preguntado por el hecho de que el PP cerrara la investigación sin llamar a la concejala, advirtió de que `por ser un proceso en el ámbito nacional no puede tener acceso a toda la información aunque que aseguró que una vez llega la denuncia la dirección se puso en contacto con "la afectada para que suministrara pruebas que soportara la denuncia inicial".

Sin embargo, alegó que la denunciante nunca "ningún tipo de prueba al respecto". "Al no existir más pruebas que la propia denuncia y no existir manera de comprobar la veracidad de la misma, el Comité de Derechos y Garantías decidió archivarla". Serrano también negó que haya habido presiones hacia la exconcejala para que no presentara una denuncia y justificó que no se puede pedir a un partido que "tome decisiones" y "condene a alguien" por el hecho de que alguien presente una denuncia.

"MALA FE"

En ese sentido, acusó también de “mala fe” a la denunciante por “involucrar a la Presidencia de la Comunidad” y por grabar “conversaciones sin autorización y troceando la transcripción de las mismas” a la hora de filtrarlas a los medios de comunicación.

“Por una vendetta política en el seno de un grupo municipal, hay quienes pretenden utilizar a la presidenta de la Comunidad para decir que no defiende a las mujeres, cuando los que han tapado los abusos sexuales en este país es el Partido Socialista y el Palacio de la Moncloa”, expresó Serrano.

En sus declaraciones también se refirió al conflicto interno en el grupo municipal y dijo que según ha trascendido a los medios "existía la conciencia en la oposición de que esta señora no estaba haciendo un buen trabajo" porque "compatibilizaba su actividad profesional con la concejalía que llevaba. Por lo tanto, había un problema y había dudas acerca de sus capacidades".

ACCIONES LEGALES

Volviendo a la filtración de los audios avanzó que no descarta “acciones legales” por las grabaciones sin autorización y que se siente “utilizado” porque cree que la intención de la reunión al respecto de esta denuncian podrían no haber sido solicitar ayuda sino recabar grabaciones. Las acciones legales, avisó el secretario, se extenderán a cualquier que acuse al PP de "tapar un abuso o una agresión sexual" porque hacer eso "es un delito" y el PP "no comete delitos".

También deseó que dichas grabaciones salgan de "manera íntegra" y rechazó hacer valoraciones de "audios cortados o manipulados en tanto en cuanto no exista una grabación íntegra y fidedigna que se demuestre que no está ni manipulada ni cortada".

Finalmente, subrayó el "respaldo" del PP de Madrid hacia el alcalde y reiteró que "si no hubiera elecciones en Aragón" y si no hubiera comparecido ayer el exdirigente socialista Paco Salazar en el Senado "no se estaría hablando de esto".

También envió "un mensaje de tranquilidad y compromiso a los afiliados, a los cargos del Partido Popular de Madrid y al conjunto de los madrileños" porque "el Partido Popular es un partido comprometido en la lucha contra la violencia y siempre ha abordado y abordará con escrupuloso respeto cualquier denuncia que llegue”.