Ambos partidos han logrado llegar a un entendimiento a las puertas de San Jorge, Día de Aragón, y a 10 días de que venza el plazo legal para celebrar una investidura que evite una repetición electoral inédita que ya ha quedado desactivada. El documento programático conlleva el compromiso de Vox de aprobar cuatro presupuestos, aunque no impide de ningún modo que los de Abascal puedan romperlo como hicieron hace dos años.

A cambio, Vox también se hará con la Vicepresidencia Primera de la Cámara y uno de los dos senadores por designación autonómica, como confirmaron el propio Azcón y el líder regional de Vox, Alejandro Nolasco, en los pasillos de las Cortes de Aragón. Este último movimiento forzará la dimisión de Eloy Suárez Lamata, presidente de la comisión de investigación del ‘caso Koldo’, por lo que el PP le tendrá que buscar un sustituto.

Azcón ya ha comunicado el acuerdo a la presidenta de las Cortes, María Navarro, quien ha convocado para este viernes la Mesa y la Junta de Portavoces para ordenar la sesión de investidura. Una vez completado el trámite, el zaragozano revalidará el cargo y formará un Gobierno conformado por 10 miembros: siete del PP y tres de Vox.

Nolasco no supo concretar si él ocupará la vicepresidencia ni qué consejería se adscribirá a la misma. Sí detalló que las competencias de Vox serán Desregulación, Servicios Sociales y Familia; Agricultura, Ganadería y Alimentación; y Medio Ambiente y Turismo. Vox consigue así un sillón más que en Extremadura, en consonancia con los resultados electorales.

Este pacto conlleva el retorno de Vox al Gobierno de Aragón tras su salida hace dos años, situación idéntica a la de Extremadura. En julio de 2024, Abascal decidió romper las coaliciones con el PP por aceptar un reparto de decenas de menores extranjeros no acompañados. Ahora, tendrá en ambas comunidades las competencias de los centros que los tutelan y su compromiso es no acoger a ni uno más. “Van a ver cómo es posible, cómo legalmente se puede hacer”, avanzó Nolasco.

“PRIORIDAD NACIONAL”

Pero la cuestión que más interés ha suscitado es la “prioridad nacional”. Solo un par de horas antes de anunciar el acuerdo, ambos partidos chocaron en una votación en el Congreso por sus distintas interpretaciones del concepto. El PP defiende que se base en el “arraigo”, en línea con lo pactado en Extremadura. Vox, en cambio, quería ir hoy un paso más allá e incluir medidas como la reemigración de “quienes no contribuyen a la economía nacional”, una medida que choca con la legislación vigente.

Nolasco aseguró que en sus filas están “contentos” con el resultado de la negociación, que se ha prolongado durante semanas, principalmente porque incluye que la concesión de vivienda y prestaciones públicas se inspirará en el principio de “prioridad nacional”. Pero Azcón desinfló sus expectativas y remarcó que todo lo que se haga al respecto será en cumplimiento de la ley vigente y en el marco de sus competencias.

De hecho, confirmó que los criterios serán los mismos que en Extremadura, como el “arraigo”, el “empadronamiento” y “la permanencia que se exige para cobrar los complementos de las pensiones no retributivas o el IMV, entre otros. Y remarcó que todos ellos “ya están en la legislación española y aragonesa” porque “se pusieron en marcha por el anterior Gobierno y por el Partido Socialista”.

El dirigente del PP sentenció así no hay “debate jurídico”. Y, aunque lo hubiera, “cualquier acuerdo que tome el Gobierno de Aragón irá con el informe de los servicios jurídicos” para garantizar que se ajusta al marco legal. Nolasco, que escuchó los argumentos de Azcón, reconoció que al final son “baremos” que hacen “más restrictivas” la concesión de ayudas públicas a inmigrantes o españoles sin “arraigo” en Aragón.

En otras palabras, a falta de conocer el acuerdo, que seguía ultimándose dos horas después del anuncio, lo previsible es que la “prioridad nacional” no aparezca desarrollada como una preferencia explícita por la nacionalidad española, sino como un beneficio para quienes puedan acreditar un arraigo “real, duradero y verificable” con Aragón.

PRINCIPALES MEDIDAS

A la espera de detallar la letra pequeña, Vox dio a conocer sus “puntos clave” del acuerdo, que son un calco del documento consensuado en Extremadura. Entre ellos, la “defensa del campo español frente a las imposiciones de Bruselas” con “un fondo para proteger a los agricultores y ganaderos de los efectos perjudiciales del Pacto Verde y Mercosur”, y la creación de un servicio de verificación del padrón y la residencia efectiva.

La formación de Abascal también habla del “fin de las partidas presupuestarias a ONGs que promuevan la inmigración” –que el PP rebaja a las que estén condenadas con sentencia firme–, y la “defensa del suelo productivo ante la proliferación descontrolada de macroparques eólicos y fotovoltaicos”.

También se contempla, como en el pacto de la semana pasada, un incremento “sostenido y progresivo” del presupuesto sanitario durante toda la legislatura, la gratuidad de la educación de 0 a 3 años, la “supresión de las partidas" de cooperación al desarrollo exterior y la “reducción a la mitad” de las partidas a sindicatos y organizaciones empresariales; y una bajada del IRPF en un punto para el tramo de menos de 52.500 euros.

EL PAPEL DE GÉNOVA

Azcón y Nolasco se dieron la mano tras la firma del acuerdo y cruzaron palabras de agradecimiento. El líder regional de Vox puso en valor “la disposición y la valentía de llegar a este acuerdo final”. Por el contrario, acusó a Génova, dirección nacional del PP, de solo poner “palos en las ruedas” y “zancadillas” durante las conversaciones.

Desde el equipo de Feijóo, en cambio, se limitaron a expresar su satisfacción por lograr el segundo acuerdo de gobierno en una semana, que se ha cerrado a lo largo del día con los últimos intercambios de documentación. Y se emplazaron ahora a llegar a un pacto similar en Castilla y León, que probablemente se dejará para después de las elecciones de Andalucía del 17 de mayo.

Así, y salvo hecatombe, Jorge Azcón se convertirá la próxima semana en el primer político del PP que gobierna Aragón dos legislaturas consecutivas.