El programa está “muy avanzando” y bebe directamente de los pactos firmados en Aragón y Extremadura, por lo que contemplará el principio de prioridad nacional para ordenar el reparto de ayudas y la concesión de vivienda pública.

Y es que “lo más complejo”, según las fuentes consultadas, eran cuestiones como la citada prioridad nacional, que ya venían preacordadas de la intensa negociación en Extremadura, que sirvió de “molde” para esta.

Génova ya ha dado su aval al contenido del pacto en Castilla y León, siempre y cuando no se incorpore ninguna otra cuestión.

La semana pasada, el secretario general del PP, Miguel Tellado, y la jefa de gabinete de Alberto Núñez Feijóo, Marta Varela, se desplazaron a Valladolid para acelerar la negociación, aunque la mayoría del trabajo de las direcciones nacionales fue a través de reuniones telemáticas.

El hecho de que el PP haya gobernado la comunidad durante casi cuatro décadas de forma ininterrumpida ha facilitado el diálogo con Vox, que tenía menos objeciones sobre la legislación autonómica que en Extremadura y Aragón.

El documento que ambas partes harán público recogerá las medidas que desarrollarán durante los próximos cuatro años, con sus respectivos plazos. Aún no hay fecha para anunciarlo, según las mismas fuentes, pero no se descarta que se pueda hacer mañana mismo.

La principal incógnita es cómo quedará diseñado el nuevo Gobierno de Castilla y León. Todo apunta a que Vox tendrá al menos dos consejerías, una de ellas con rango de vicepresidencia y centrada en la “desregulación”.

El presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, ha verbalizado durante estas semanas su pretensión de gobernar en solitario. Pero los pactos de Extremadura y Aragón le empujan a repetir la fórmula y a volver a dar entrada a los de Santiago Abascal a su Ejecutivo. Hace cuatro años, se convirtió en el primer dirigente del PP en formar un gobierno de coalición con Vox.