El escrito, al que tuvo acceso Servimedia, fue presentado el pasado lunes 29 de septiembre y busca relanzar la causa después de que la OCI la archivara por segunda vez el pasado 16 de septimebre la denuncia del PP tras ahondar en sus pesquisas por mandato del TSJM.

El PP considera que las últimas diligencias del organismo, que depende directamente del Ministerio para la Transformación Digital, no son suficientes porque la OCI ha “utilizado un perímetro del concepto de interés personal del presidente del Gobierno distinto del mencionado en la sentencia” del TSJM con el objetivo de “reducirlo” para limitar su “su actividad investigadora". Y, como consecuencia directa de lo anterior, no ha “intentado comprobar las posibles conexiones, públicamente difundidas, entre Globalia, a través de Wakalúa, y doña Begoña Gómez a través del IE Africa Centre”, que es lo reclama la oposición.

Ahora, una vez que la OCI ha constatado que entre el 1 de agosto de 2018, menos de dos meses después de que Sánchez accediera a la Presidencia del Gobierno, y el 27 de mayo de 2022, Begoña Gómez era la directora del IE Africa Centre, y que durante ese periodo el Consejo de Ministros aprobó tres acuerdos que tenían por beneficiarias a entidades de Globalia –entre ellas, el rescate de Air Europea– sin que Sánchez se inhibiera, el PP reclama al TSJM que reabra la causa para “resolver” qué “financiación y/o patrocinio” hubo por parte de Globalia a través de su filial Wakalúa en el IE Africa Centre.

Por ello, al amparo de lo previsto en el artículo 109 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, el PP pide al TSJM que anule la nueva resolución de la OCI “por no haber completado la actividad investigadora requerida” y le ordene llevar a cabo “las actuaciones necesarias para comprobar las posibles relaciones económicas de Globalia con el IE Africa Centre, y, a la vista del resultado de dicha investigación, valore jurídicamente si se ha producido una vulneración del deber de abstención” de Sánchez.