La iniciativa fue presentada por el vicesecretario de Institucional y vicepresidente del PPE, Esteban González Pons, en el Congreso que este grupo político –que alberga a 83 partidos de 44 países– celebra estos días en Bucarest (Rumanía) para encumbrar a Ursula Von der Leyen como su candidata a revalidar la Presidencia de la Comisión Europea.

“Deploramos la propuesta de ley de amnistía en España, las acciones políticas que llevaron a su adopción y sus posibles consecuencias para Europa”, arranca el texto aprobado por unanimidad. “Ofrece impunidad para los delitos relacionados con el movimiento secesionista, que ha sido considerado contrario al Estado de Derecho y rechazado por las instituciones de la UE”, prosigue.

La resolución impulsada por el partido de Alberto Núñez Feijóo no recibió ninguna enmienda y se aprobó en sus términos. Y, por tanto, el PPE hizo suya la crítica del PP español contra una amnistía que “ha sido redactada por sus propios beneficiarios” y que abarca “delitos relevantes para la UE, como la malversación de fondos y el terrorismo”.

Además, el PPE muestra su preocupación por la posibilidad de que la amnistía –que afronta el tramo final de las negociaciones entre PSOE y Junts antes de su aprobación en el Congreso– podría “dar lugar, como afirmó el Parlamento Europeo, al cierre de la investigación judicial existente sobre la interferencia de Rusia en el intento secesionista catalán de 2017”.

El PPE considera también que la amnistía, así como “el proceso que condujo a su adopción, socava la independencia judicial al proponer la supervisión parlamentaria de los fallos de los jueces”, y remarca el rechazo del Poder Judicial español a esta medida.

“Como partido comprometido con el Estado de derecho en consonancia con los valores europeos, no podemos pasar por alto acciones que amenazan los principios jurídicos fundamentales y la separación de poderes dentro del sistema jurídico de la UE”, concluye el texto, que solicita “un examen minucioso de la ley de amnistía por parte de la Comisión” Europea.

“EUROPA NO PUEDE MIRAR” A OTRO LADO

“Queridos amigos de todos los países de Europa, los españoles necesitamos vuestra ayuda. Europa no puede mirar hacia otra parte mientras un gobierno corrompido persigue y señala a los jueces después de haberse autoindultado. Los políticos no podemos autoindultarnos de nuestros delitos. Le pedimos a este congreso y a los países de la Unión Europea que hagan por el pueblo español lo que el Gobierno de España es incapaz de hacer”, expuso González Pons en castellano ante el plenario.

Antes defendió en inglés que el Estado de derecho es “el corazón” de la Unión Europea y “está siendo atacado” desde “fuera” de Europa, en alusión a Rusia, pero también desde “dentro” con “enemigos que parecen demócratas”. En este sentido, llamó a “nunca rendirse” y miró a Polonia, donde “el Estado de derecho ha vuelto”.

“Hoy, el lugar en el que el Estado de derecho está en peligro es España”, prosiguió Pons, quien denunció que el Gobierno ataca la independencia del Poder Judicial, ocupa “todas las instituciones” del Estado y reproduce “acciones hostiles contra periodistas”.

‘CASO KOLDO’

“Y ahora un gran escándalo de corrupción, que está escalando hasta las más altas esferas del Gobierno”, continuó Pons en relación con el ‘caso Koldo’ antes de acusar al exministro José Luis Ábalos de “ayudar a robar dinero mientras los españoles morían en la pandemia”.

Y añadió que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está “en el centro” del caso por incurrir “en conflicto de intereses” al alabar el rescate de Air Europa por 615 millones de euros cuando su mujer, Begoña Gómez, mantenía relaciones laborales con Javier Hidalgo, consejero delegado de su matriz, Globalia.

Sobre esta última cuestión, la resolución aprobada enfatiza “la necesidad de medidas estrictas contra la corrupción, incluida la implementación de leyes anticorrupción sólidas y regulaciones de transparencia”.

Asimismo, apoya “el refuerzo de la Fiscalía Europea para supervisar y coordinar los esfuerzos contra la corrupción en los Estados miembros”, después de que abriera diligencias para investigar los contratos firmados por los gobiernos socialistas de Baleares y Canarias con la trama del ‘caso Koldo’.