El informe mensual de pisos.com reveló que las regiones más caras para vivir de alquiler en febrero de 2026 fueron Madrid (21,85 euros), Baleares (18,75 euros) y Cataluña (16,57 euros), mientras que las rentas más económicas estuvieron en La Rioja (6,50 euros), Extremadura (6,87 euros) y Castilla y León (7,01 euros. En el último mes, el incremento más llamativo tuvo lugar en País Vasco (+2,90%). El único descenso fue el de Región de Murcia (-0,06%). Respecto al año pasado, Asturias (+29,25%) fue la que más subió. Solo cayeron Canarias (-4,83%) y Baleares (-2,05%).

También Madrid, con 21,85 euros por metro cuadrado y Baleares (18,89 euros) se convirtieron en las provincias más caras, seguidas de Barcelona (18,75 euros). En el lado opuesto, Ourense cerró la clasificación con 4,60 euros por metro cuadrado. Otras provincias económicas fueron Ávila (4,70 euros el metro cuadrado) y Soria (5 euros el metro cuadrado). La provincia que más encareció sus alquileres en el último mes fue Soria (+3,09%), mientras que la que la que más descendió fue Burgos (-2,92%). De un año a otro, la mayor subida registrada fue la de Salamanca (+29,73%). La renta que más se ajustó fue la de Santa Cruz de Tenerife (-5,88%=

“Los precios de alquiler no dejan de subir, la oferta se reduce y el acceso a una vivienda bajo esta fórmula se ha convertido en un auténtico problema social en muchas ciudades”, indicó el director de Estudios de Pisos.com, Ferrán Font, quien señaló que el problema del alquiler en España "no es solo económico; es también político y regulatorio”.

El experto indicó que no es que haya millones de personas buscando piso de repente; es que hay "cada vez menos viviendas disponibles para alquilar a largo plazo porque los propietarios huyen". Entre los motivos, destacó la nseguridad jurídica percibida, rigidez normativa, límites a la actualización de rentas y un marco regulatorio cambiante que introduce incertidumbre.

En este sentido, Fon afirmó que "cuando hay diez personas compitiendo por una sola vivienda, el precio sube” y destacó que “el problema es que el control de rentas, aplicado sin un aumento paralelo de la oferta, tiende a reducir aún más el número de viviendas disponibles”. "Limitar precios puede aliviar a algunos inquilinos a corto plazo, pero si se desincentiva al propietario, el resultado es menos oferta, peor mantenimiento del parque y un mercado más opaco”, concluyó.