Según informó el CGPJ en un comunicado, su presidenta respondía así a una misiva previa de Marlaska, en la que este expresaba su “preocupación” por la decisión de Tardón de impedir que los policías a los que encargó un informe sobre lo ocurrido en Ceuta no comunicaran a sus superiores el contenido de sus pesquisas.

Perelló dice al ministro que los órganos de gobierno del Poder Judicial -y por tanto ella como presidenta del TS y del CGPJ- "tienen constitucional y legalmente vedado aprobar, censurar o corregir actuaciones judiciales", tal y como prevén expresamente los artículos 12.3 y 176.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

También recuerda que la Constitución establece el deber de prestar la colaboración requerida por los órganos judiciales, general para todos los ciudadanos (artículo 118 de la Carta magna) y especial para la policía judicial (artículo 126 de la norma fundamental.

Perello añade que los artículos 283 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal; 11 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y 1 del Real Decreto 769/1987, de 19 de junio, establecen "que la función de policía judicial corresponde a todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cualquiera que sea su naturaleza y dependencia".

“En definitiva, estoy, como no puede ser de otra manera, plenamente de acuerdo contigo en tus apreciaciones sobre la gravedad y el carácter extraordinario de la crisis que estamos enfrentando, así como en que la actuación de la magistrada responde al ejercicio de sus funciones constitucionales, por las que todos debemos mostrar el máximo respeto”, concluye la carta de la presidenta del CGPJ.