Durante la reunión, la presidenta exigió la convocatoria urgente de una reunión ordinaria de la CNAL con un orden del día definido para abordar los déficits del sistema de financiación local, que no se revisa desde 2002. Indicó que existe diálogo habitual con las comunidades autónomas y que, sin embargo, “a los ayuntamientos se les deja al margen” en asuntos esenciales.

También explicó que la implementación de la tasa de basuras, que es un "destrozo en el bolsillo de los ciudadanos", se ha hecho "sin contar con los Ayuntamientos", lo que ha provocado disparidad en los criterios de aplicación y un "caos" en este ámbito.

García-Pelayo recordó a la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, que ha solicitado hasta en diez ocasiones una reunión para tratar estas cuestiones, sin haber recibido respuesta. La presidenta afeó que el retraso de esta reunión distorsiona las cuentas de muchos ayuntamientos a la hora de aprobar sus presupuestos. Por ello, urgió a tramitar un real decreto ley que normalice las cuantías incluso si no salen adelante los Presupuestos Generales del Estado, evitando así situaciones como las ocurridas en 2025.

García-Pelayo señaló que la CNAL no se reúne en sesión ordinaria desde septiembre de 2022, pese a la obligación legal de celebrar al menos dos reuniones al año, e indicó que desde 2023 ha remitido siete cartas solicitando esta convocatoria sin obtener respuesta, lo que le motivó a presentar un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional.

Por otra parte, reclamó un "reconocimiento explícito a los ayuntamientos", que son los que posibilitan "la solución a muchos de los problemas económicos del país”. También incidió en que los más de 23.000 millones de euros de remanente municipal triplican los recursos previstos en el futuro Plan Estatal de Vivienda y permitirían dar una respuesta más eficaz a la emergencia habitacional. Asimismo, reiteró la petición de ampliar el periodo de vigencia y gestión de los fondos europeos, dada la dificultad de muchos ayuntamientos para completar los trámites en los plazos actuales.