Chicano declaró este miércoles en el ‘juicio mascarillas’ que se desarrolla en el Tribunal Supremo con el exministro José Luis Ábalos, su asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama como acusados.

La testigo explicó que los informes del Tribunal de Cuentas no son recurribles porque no pueden imponer ninguna pena. En ocasiones, añadió, pueden dar lugar a un procedimiento fiscalizador, pero no penal. Estos informes analizan la adecuación de la tramitación a la norma y no evalúan la bondad de la misma.

Chicano insistió en su declaración ante el Supremo que los contratos de Adif y Puertos del Estado emitidos durante la pandemia se hicieron de acuerdo a la legislación de emergencia.

Preguntada por si es habitual que se hagan pagos a cuenta, detalló que no es una forma “habitual” de contratar del Estado, pero “hablamos de una situación de emergencia por la que se podría llegar a hacer contratos orales. Es una exageración, pero la legislación de emergencia es lo que es: se le compra a quien tiene lo que necesitas. Eso lleva a complicaciones que se dilucidan fuera del Tribunal de Cuentas".

La presidenta del Tribunal de Cuentas ratificó las conclusiones de los informes sobre los contratos durante la pandemia de Adif y Puertos del Estado, que pagaron precios inferiores a otros en el mercado. Explicó también que no se comprobó si las empresas estaban al corriente del pago de cuotas a la Seguridad Social "porque estaban exentos por las características de la contratación de emergencia".

A continuación, accedió al estrado el empresario Juan Carlos Cueto, responsable de Soluciones de Gestión, la empresa que está en el centro de la trama. Se acogió a su derecho a no declarar, ya que está siendo investigado por la Audiencia Nacional.

También declaró esta tarde José Ángel Escorial Senante, exadministrador de Soluciones de Gestión, quien relato que se firmaron contratos con el grupo Cueto, aunque la oportunidad de negocio llegó a través de su socio Íñigo Rotaeche.

El último testigo de este miércoles fue Juan Fernández Palomino, director general de Carreteras, que respondió sobre el documento aportado por Aldama acerca del presunto amaño de obras públicas. El testigo explicó que se han estudiado desde la Dirección General de Carreteras los expedientes de contratación señalados por la UCO e investigados en la Audiencia Nacional.

El director general de Carreteras indicó que él solo ha participado en la recopilación de información para este informe, sin tener nada que ver con el análisis de los expedientes de tramitación de obras públicas.