Rodríguez hizo esta declaración durante su comparecencia en la Comisión de Hacienda del Congreso para informar sobre la Memoria del año 2022 elaborada por el Consejo de Transparencia.

El presidente del Consejo de Transparencia advirtió de que “no basta” con la reforma de la ley de transparencia, sino que “hacen falta políticas públicas más enérgicas y decididas”. Así, dijo que “la cultura de la transparencia aún no ha calado en las administraciones públicos”, pese a que reconoció que la Agenda 2030 otorga “gran relevancia a los principios de transparencia y de rendición de cuentas”.

Afirmó que hay “unanimidad” en que la “inexistencia de sanciones y de medidas coercitivas para asegurar el cumplimiento de resoluciones del Consejo es la principal falla de la ley” e incide “sensiblemente a la eficacia de las obligaciones de transparencia”. Ello afecta a la “garantía del derecho de acceso a la información pública”, por lo que es “ineludible que esta cuestión se aborde en la reforma de la ley”. Respecto a cómo debe solucionarse, Rodríguez apuntó que “es una cuestión muy debatida en la doctrina y entre los expertos” y, a su juicio, “no debería fiarse todo al establecimiento de un régimen sancionador”.

Pidió que esta legislatura sea “decisiva para consolidar nuestro sistema de transparencia y situar a España en el lugar que le corresponde”, lo que implica la reforma de la Ley de transparencia “para suplir las carencias y corregir sus defectos”. Por otro lado, lamentó que el Consejo de Transparencia recibió su dotación presupuestaria en enero y la incorporación de los funcionarios se realizó a finales de año, lo que hizo que algunas partidas quedaran sin ejecutar.

También reclamó un incremento en la dotación de recursos y cuantificó entre 50 y 52 funcionarios los necesarios para conformar la “plantilla ideal” del Consejo de Transparencia. Subrayó que en la actualidad el Consejo lo conforman 34 funcionarios.