El 28 de noviembre de 1933, Niceto Alcalá Zamora, presidente de la República, firmaba el decreto por el que los Agentes de Negocios se convertían en Gestores Administrativos. El 29 de noviembre, con su publicación en la ‘Gaceta de Madrid’, se daba carta de naturaleza a la transformación y nacían los gestores administrativos.

En la exposición de motivos del decreto citado se estableces “las razones que pueden alegarse en favor de la colegiación son de dos clases. En primer término, la exigen conveniencias de carácter público, por cuanto asegura los ingresos tributarios que pertenecen al Tesoro y ofrece a los particulares en general ¡una mayor garantía, por la obligación impuesta a los agentes colegiados de constituir fianza. En segundo lugar, la profesión gana con la colegiación en prestigio moral y social”.

Desde su origen, la obligación de colegiarse fue entendida como una medida de garantía para los ciudadanos. "Garantía, compromiso y generosidad son tres valores que definen a una profesión que tiene como patrón a San Cayetano de Thiene, patrono también del pan y del trabajo. Santo fundador de la orden de los Teatinos tenía como objetivo ayudar a los pobres, pero sin protagonismo”, explican desde el Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos.

Si en sus orígenes los solicitadores “traducían” el difícil lenguaje de la Corte al pueblo para que pudieran realizar sus peticiones ante ésta, el paso de los años ha mantenido la filosofía de la profesión. Los gestores administrativos señalan que “es difícil entender el crecimiento de la venta de automóviles en España sin volver la vista a 1977 y la creación de los justificantes profesionales, mediante los cuales el Ministerio de Gobernación encargó a los gestores administrativos la emisión de un documento que permitiera circular a los vehículos mientras se tramitaba su permiso, dado el atasco existente en la Dirección General de Tráfico para su expedición”.

La capacidad de innovación de la profesión, su profundo conocimiento del funcionamiento de la Administración y de sus clientes (ciudadanos, autónomos y pymes), ha invertido la situación y son los gestores administrativos los que se anticipan a la administración Pública procurando agilizar los trámites incluso mediante desarrollo propios.

“La promulgación de una Ley de Colaboración Social Administrativa podría convertirse en el desencadenante de un proceso de digitalización fruto de la colaboración público-privada que no precisara de fuertes inversiones por parte de la Administración y les liberara recursos para destinarlos más a la resolución y menos a la verificación”, afirmó Fernando Jesús Santiago Ollero, presidente del Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos.

“Si los pasados 90 años han sido importantes para la profesión y su apoyo a la sociedad", añadió, "los próximos 5 ó 10 años pueden ser determinantes para mejorar la calidad de vida de todos en relación con la tramitación administrativa, y solo hay un límite: el que quiera fijarse la Administración de turno”.

En opinión de Santiago, “hemos pasado de ser importantes a ser imprescindibles. Lo queremos ser, con las condiciones modestas actuales, pero con el reconocimiento y apoyo de agentes sociales y gobiernos, sin olvidarnos de Europa, que tiene mucho que decir”.