Martínez Sola hizo esta afirmación en la comisión del ‘caso Koldo’ de la Cámara Alta, donde estaba citado esta jornada a las once de la mañana y donde se acogió a su derecho a no declarar, aunque hizo un pronunciamiento inicial sin preguntas.

El presidente de Plus Ultra dice que está siendo investigado judicialmente por el rescate a su empresa y por eso no respondería a los senadores, aunque leyó una declaración inicial en la que defendió la legalidad de las actuaciones de su compañía,

A este respecto, afirmó que, en el rescate de su empresa a cargo de un fondo de la SEPI, “no hubo procedimiento excepcional al margen de la norma: no hubo trato de favor ni injerencias indebidas; no hubo ayudas ilícitas”.

“NADIE NOS HA REGALADO NADA”

Defendió el rescate de su aerolínea debido al impacto económico de la pandemia de la covid-19, al tiempo que afirmó que el préstamo de 53 millones fue consecuencia de “un proceso reglado con controles, con informes y con condiciones muy estrictas, que se han ido cumpliendo”.

“Nadie nos ha regalado nada”, afirmó, al tiempo que señaló que el préstamo aprobado por el Gobierno fue revisado por el Tribunal de Cuentas sin detectar irregularidades.

Añadió que el rescate fue analizado por expertos y consultoras, de forma que “no tuvimos dudas” de solicitarlo cuando el Ejecutivo abrió esta línea para ayudar a compañías afectadas por la pandemia. Defendió que ellos se dedicaban al turismo y al transporte, por lo que creían tener derecho al rescate.

Martínez Sola también se quejó de que su aerolínea ha sufrido en los últimos años un “ataque” que ha sido “desproporcionado” y “disparatado”, ya que se ha llegado a decir que solo tenían un avión o que eran “propiedad del Gobierno de Venezuela”. Concluyó que su sociedad “no es un instrumento político”, sino una “compañía que cumple la ley” y que está creciendo actualmente.

A pesar de las explicaciones del dueño de Plus Ultra, un juez investiga si esta empresa pagó a Julio Martínez Martínez, amigo del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, para convencer al Gobierno de que aprobara los 53 millones.

Además, la UDEF y la Fiscalía Anticorrupción investigan si parte del dinero de la SEPI se utilizó para pagar servicios a las sociedades de Julio Martínez Martínez y, de manera indirecta, alimentar la cadena de pagos hacia Zapatero. La Policía sitúa al dueño de Análisis Inteligente como presunto ‘testaferro’ del expresidente en operaciones conectadas con Venezuela y con la propia Plus Ultra.