Llegaron a hablar de la necesidad de una “refundación” que revise su diseño constitucional, el encaje institucional del CGPJ, su politización real o aparente, y los déficits organizativos y estructurales que la lastran desde hace décadas.

De un lado, los retos pendientes año tras año; de otro, la grave situación de conflictividad actual por las huelgas y el grave deterioro del servicio público de Justicia, añaden los presidentes de TSJ, se han venido a sumar también al “riesgo de parálisis o colapso” de todo el sistema.

Insisten en la necesidad de reformas implementando los proyectos legislativos de mejora organizativa, procesal y digital y la crisis institucional del CGPJ, con el colapso en los nombramientos judiciales. Los proyectos de ley de Eficiencia Organizativa, Procesal y Digital, advierten, se han visto nuevamente frustrados en su tramitación parlamentaria, impidiendo materializar, entre otras medidas, fórmulas de gestión y organización más eficientes (todo lo relativo al funcionamiento colegiado de los juzgados y tribunales), así como medidas de agilización procesal, tecnológicas y de medios complementarios de resolución de conflictos.

Los presidentes de TSJ achacan directamente a los responsables políticos que hayan “dejado transcurrir períodos temporales significativos (a lo largo de varias legislaturas), frustrando reformas necesarias del sistema judicial por la falta de consenso político y visión de Estado”.

CONFLICTIVIDAD LABORAL

También mostraron su “enorme preocupación por la gravedad de la situación de conflictividad actual” que implica una “importante suspensión de juicios y otro tipo de actuaciones procesales, y enorme perjuicio a los ciudadanos”. Por todo ello, urgen “al necesario encuentro y diálogo entre las partes interesadas para encontrar una salida al conflicto, que permita cuanto antes volver a la normalidad en el trabajo”.

Entienden los presidentes que este conflicto ha puesto al descubierto “un anquilosamiento progresivo de las estructuras judiciales y una clara asimetría entre el diseño legal y la realidad de nuestros juzgados” que hace necesario un nuevo reparto funcional y una reordenación de competencias para caminar hacia una justicia moderna.

Destacaron que desde hace tiempo alertan "de la peculiaridad que presenta el entorno organizativo en el que se desenvuelve la Administración de Justicia, derivada precisamente de la inexistencia de una gestión unificada, ya que confluyen tres Administraciones con responsabilidades ejecutivas y variedad de profesionales, lo que exige especiales y, a veces, complicadas dinámicas de coordinación que no siempre se logran y que generan una situación en la que se percibe la falta de una adecuada gestión de los recursos personales en múltiples aspectos".

Además, reclaman la adecuación de la planta judicial al incremento de litigiosidad, así como el incremento de la planta de jueces de adscripción territorial (JAT) para contrarrestar las excesivas cargas de trabajo que arrastran juzgados y tribunales.

Añaden los presidentes que es “absolutamente necesario” que el próximo CGPJ inicie su mandato con un ejercicio de planificación que resulte en un plan estratégico que explicite los compromisos de cada mandato y posibilite la adecuada rendición de cuentas ante la ciudadanía. Insisten también en la necesidad de mantener frecuentes reuniones temáticas con el CGPJ a fin de mejorar los niveles de coordinación en todo el ámbito del autogobierno judicial.

Los presidentes rechazan los recortes generalizados “impuesto por el Ministerio de Justicia” que ha denegado por motivos presupuestarios la autorización de medidas de refuerzo y apoyo propuestas por los Tribunales Superiores con informe favorable del Consejo General del Poder Judicial, fundadas en cargas de trabajo excesivas y retrasos estructurales por la insuficiencia de la planta judicial.

Además, instan un gran pacto político para la instauración de una Administración de Justicia digital única en todo el territorio nacional que permita unificar los esfuerzos de todos los gobiernos en el desarrollo de sistemas procesales y mecanismos de automatización de funciones.

Ante el retraso por el decaimiento debido a la convocatoria electoral de la tramitación legislativa del Proyecto de Ley de Eficiencia Procesal, los presidente de TSJ insisten en la “urgente necesidad” de acometer el diseño y efectiva implantación de servicios de mediación intrajudicial que amplíen la carta de servicios que se ofrecen por el sistema de Justicia.