Así lo indica el juez Santiago Pedraz en el auto dictado este miércoles que propició el registro de la sede de Ferraz y diversos domicilios. El magistrado apunta que existen indicios de que Cerdán, exsecretario de Organización socialista, estaba “al frente” de un plan para “obstaculizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial o actuación policial que pudiera impactar directa o indirectamente en los intereses del Gobierno o del PSOE”.

Cerdán, en la estrategia que presuntamente urdió junto con Leire Díez y otras personas, habría hecho un “ofrecimiento” de “remuneraciones o favores” a “funcionarios de la Guardia Civil, investigados y fiscales”. La oferta tenía como fin lograr “información o actos contrarios al ejercicio de sus cargos” por parte de empleados públicos que investigan casos de corrupción.

En concreto, la trama ofreció 300.000 euros al fiscal José Grinda para obtener información que “afectase” al jefe de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, Alejandro Luzón. Así lo deduce el instructor de una anotación en la agenda de Leire Díez, que decía textualmente: “300.000 euros xra ayudar a un fiscal que tiene un problema con una menor”.

El auto recoge que, para llevar a cabo este ofrecimiento a este fiscal, los encausados contactaron con una persona “ajena” al PSOE (Pere Rusiñol), quien el 27 de febrero de 2025 se reunió con Grinda y le ofreció el dinero. También hay constancia de que el empresario Javier Pérez Dolset envió a Leire Díez el contacto de Rusiñol.

“MODIFICAR O CONDICIONAR”

Al mismo tiempo, se ofrecieron 50.000 euros a la empresaria Carmen Pano para “modificar o condicionar” en sede judicial su afirmación de que llevó 90.000 euros en efectivo a la sede socialista de Ferraz.

Pedraz también alude a que los encausados propusieron al guardia civil Rubén Villalba pagarle el abogado y un ascenso profesional. Este agente, en sus propios documentos, alude a que su objetivo sería "intentar desmontar la GC" o Guardia Civil en los casos de corrupción.

Además, el abogado del PSOE Jacobo Teijelo habría recibido al menos 125.000 euros del partido, que se habría justificado mediante “un soporte documental aparente y una facturación falaz”.

Para acreditar estos indicios, el juez autoriza a la Benemérita a que intervenga a los investigados dinero en efectivo u otros medios de pago, como obras de arte, joyas o similares, que puedan acreditar que recibieron estos ingresos sin justificar.