El porvenir de la Ley de Seguridad Ciudadana (LSC), materia que suscitará un interés capital en el desarrollo de esta parcela informativa a lo larg del año que está a punto de comenzar, seguirá en manos del Tribunal Constitucional (TC), que deberá responder a los recursos presentados por el Partido Popular y el Parlamento asturiano en los próximos meses.

También deberá pronunciarse sobre la interpelación de la Audiencia de Madrid por estimar que el artículo 21, que permite a la Policía efectuar registros sin autorización judicial previa, atenta contra el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio.

La "ley Corcuera", ideada para prseguir con mayor eficacia los delitos de narcotráfico dando más poder y prerrogativas a los cuerpos policiales, tiene también enemigos interiores.

A las dudas de organizaciones y partidos sobre su legalidad constitucional, se añaden las informaciones recientes sobre casos de presunta corrupción de agentes de las fuerzas de seguridad.

Operaciones como "Hielo Verde" y las últimas detenciones de guardias civiles por pagar supuestamente con droga a confidentes dan cuerpo a los temores de los partido de la oposición y organizaciones sociales que preguntaban: "Y a los vigilantes de la ley, ¿quien los vigila?".

En manos de los jueces está ese control, tantas veces pedido por colectivos de toxicómanos y familiares, que han denunciado en repetidas ocasiones que la Policía combatía poco, cuando no toleraba, el tráfico de drogas.

Para que las fuerzas de seguridad del Estado puedan hacer uso de sus poderes contra las libertades fundamentales de los ciudadanos es preciso que estén garantizados un aboluto control y transparencia sobre su actuación.

Algo que no está claro que exista ahora en su plenitud, como tampoco hay datos desde julio del número de registros domiciliarios, personas detenidas y droga intervenida en los mismos en aplicación de la "ley Corcuera". Demasiada opacidad para una ley tan contestada, por lo que este próximo año, el TC tratará de poner las cosas en su sitio.

OTRAS PERSPECTIVAS

Por otra parte, para mediados del año está prevista la entrada en vigor de los acuerdos chengen, de los que España forma parte y que supondrán la eliminación de las fronteras interiores en nueve países europeos.

Esos acuerdos significarán, asimismo, la activación del sistema informático Schengen (SIS), que pondrá en conexión a las policías de los distintos países, para que dispongan de una base de datos completa y coordinada.

Paralelamente, en el ámbito internacional, seguirán las gestiones para limar los inconvenientes que, hasta la fecha, impidieron a los países de la CE llegar a n acuerdo sobre la Europol, o super policía europea.

Entre tanto, en nuestro país, quedarán resueltas las incógnitas generadas por las últimas actuaciones judiciales, en las que altos cargos y responsables técnicos de la Guardia Civil aparecen implicados en supuestos delitos de tráfico y uso indebido de drogas.

1993 será seguramente el año en que concluya el despliegue de todo el programa de la Guardia Civil del Mar, para responder al reto que supone la condición de España como país de paso para as corrientes migratorias procedentes del norte de Africa.

Finalmente, seguirá con toda intensidad la lucha contra el terrorismo con el fin de aprovechar los últimos éxitos derivados de la colaboración hispano-francesa en la materia, mientras que los sindicatos policiales y el Ministerio del Interior tratarán de poner en práctica el acuerdo marco suscrito en mayo de 1992, destinado a mejorar las condiciones profesionales y económicas de los funcionarios policiales.