Así se desprende de los términos originales del acuerdo firmado por la presidenta autonómica, María Guardiola, y el líder regional de Vox, Óscar Fernández, que establece que este criterio se aplicará tanto en las adjudicaciones de vivienda de promoción pública y alquiler social como en la concesión de ayudas, subvenciones y prestaciones públicas.

El texto prima el “empadronamiento histórico en Extremadura”, “la relación efectiva y afectiva del solicitante con el territorio”, “la trayectoria de cotización y actividad laboral”, “la existencia de familiares de primer grado residiendo” en la comunidad, “así como cualquier otro criterio que acredite vinculación real y duradera de los solicitantes con la región”.

En otras palabras, la “prioridad nacional” no aparece desarrollada como una preferencia explícita por la nacionalidad española en sentido estricto. Por el contrario, se articula como una etiqueta –exigida por Vox y aceptada por el PP– que, en realidad, beneficia a quienes puedan acreditar un arraigo “real, duradero y verificable” con Extremadura, no con España.

“Es una vinculación con el territorio. Residencia, familiares, trabajo, estudios… Por eso ponemos ‘inspirado en el principio de prioridad nacional’ y no que sea el principio de prioridad nacional”, explican a Servimedia fuentes del PP implicadas en la negociación. “Está todo muy matizado y medido”.

Esta versión contrasta con la del presidente de Vox, Santiago Abascal, quien, solo unos minutos después de la firma del pacto, se jactó de que “en Extremadura habrá prioridad de los españoles en el acceso a los servicios sociales y a la vivienda social”. La realidad es que el acuerdo pone trabas tanto a los inmigrantes recién llegados a Extremadura como a los españoles que, por el motivo que sea, quieran mudarse allí sin guardar relación con el territorio.

VIVIENDA PÚBLICA

Por ejemplo, en materia de vivienda, PP y Vox elevarán la “exigencia de arraigo real y prolongado, basado en empadronamiento histórico en Extremadura”, a un “mínimo de 10 años para compra y 5 años para alquiler”. Esto supone un endurecimiento con respecto a las condiciones actuales, aunque sigue la filosofía que ya aplicaban los anteriores gobiernos regionales, y que también está presente en otras comunidades y municipios de España.

“Ellos cómodos”, reconocen las mismas fuentes –que admiten que han cedido al asumir el relato de Vox– “y nosotros, también. Porque cuando se desarrollen los criterios de ponderación será una cuestión de Extremadura. Como hasta ahora, por cierto, cuando se exigen tres años de residencia para acceder a vivienda de promoción pública” o acreditar 10 años discontinuos.

La última palabra de los nuevos baremos para acceder a vivienda pública la tendrá el PP, que ostentará las competencias con “el objetivo” de “garantizar la estabilidad residencial”, “permitir el retorno de miles de extremeños forzados a emigrar por falta de oportunidades” y “evitar situaciones de excesiva rotación del parque de vivienda”, según el acuerdo con Vox.

Pero el nuevo Gobierno de PP y Vox no solo evaluará el arraigo, sino que “valorará positivamente todos aquellos perfiles más expuestos a la actual crisis de vivienda”. Entre ellos, los menores de 36 años, las familias numerosas, las unidades de convivencia con dependientes a cargo y las personas sin solución habitacional, sea cual sea su procedencia.

SERVICIOS SOCIALES

Los servicios sociales, en cambio, sí recaen sobre Vox. En concreto, en la Vicepresidencia y Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia que liderará Óscar Fernández, encargado de establecer estos baremos.

Al igual que en materia de vivienda –y en línea con el plan migratorio del PP–, el acuerdo programático recoge la vocación de que “la asignación prioritaria de los recursos públicos” sea para “quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio” con “un periodo mínimo de empadronamiento” y una “trayectoria de cotización, permanencia y contribución al sistema”

Pero hay una diferencia sustancial, sobre todo al estar la cartera en manos de Vox: se excluye del acceso a prestaciones y servicios sociales “estructurales” a “quienes se encuentren en situación irregular, limitando su acceso exclusivamente a supuestos de urgencia vital”.

La redacción es ambigua, pero puede chocar con el artículo 14.3 de la Ley de Extranjería. Este párrafo establece que “los extranjeros, cualquiera que sea su situación administrativa, tienen derecho a los servicios y prestaciones sociales básicas”. PP y Vox han acordado “instar a la modificación” de esta ley “y cuantas disposiciones normativas dificulten la consecución efectiva de lo anterior”, dando a entender que existe un conflicto. Los de Abascal han insistido mucho en la sanidad, que desde febrero vuelve a ser universal en toda España.

EL RELATO Y LA GESTIÓN

La “prioridad nacional” ya ha sido catalogada de “xenófoba” por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha anunciado que llevará a los tribunales cualquier iniciativa que tenga visos de ser inconstitucional. Pero el PP no cree que Vox se atreva a vulnerar la ley.

Primero, porque se ha introducido una cláusula para que la bautizada “prioridad nacional” se adecúe “a la legalidad vigente”. Y segundo, porque “una cosa será el discurso y otra la gestión”. “Y no hay mejor forma para desmontárselo que con los servicios sociales”, auguran las mismas fuentes.

Esa es una de las claves del acuerdo. Hace casi dos años, Vox rompió el primer gobierno de coalición con el PP en Extremadura después de que Guardiola aceptara acoger a una decena de menores extranjeros no acompañados en cumplimiento de la ley. Ahora, con las competencias de infancia en sus manos, serán los de Abascal quienes tengan que gestionar ese mismo escenario.

El documento programático se limita a señalar que el nuevo Gobierno “se opondrá por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad”, sin cerrar expresamente la puerta a que Extremadura vuelva a acoger a menores migrantes no acompañados mientras Vox controla esa cartera.