"No se puede garantizar la seguridad a costa del recorte de las libertades de las personas", declaró a Servimedia Ollé, quien aclaró que "hay caminos intermedios" y "con un control judicial digno" sería posible fiscalizar algunas comunicaciones para determinadas investigaciones.

No obstante, insistió en que "una intromisión directamente en la intimidad de las personas, de forma indiscriminada y sin ningún control, por el mero hecho de ser sospechoso o de conjeturas, no es de recibo en un Estado de derecho y democrático".