La decisión se produce un década después de que la jueza Mercedes Alaya iniciara la instrucción del ‘caso de los ERE’ y un año después de tomar declaración a los investigados por la presunta concesión irregular de ayudas. Fernández ya fue condenado en otra pieza por ese tipo de irregularidades.

La causa se archivó en 2017 y fue reabierta tres años después para determinar si hubo un entramado familiar que presuntamente cobró sueldos de forma irregular gracias a las ayudas que concedía la Junta de Andalucía a los cursos de formación.

El juez instructor considera que hay indicios de los supuestos delitos de prevaricación, falsedad documental y malversación por la presunta ilicitud del proceso de concesión, gestión, justificación y liquidación de subvenciones destinadas a formación para el empleo concedidas por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) a la sociedad mercantil Aulacen 5, vinculada a Velasco.

Así, la citada entidad habría recibido, gestionado, justificado y liquidado subvenciones de manera irregular, en el marco de cuatro expedientes administrativos de concesión de subvención otorgadas por el SAE, según detalla el juez instructor.

La empresa habría recibido cuatro subvenciones por un total de 193,938 euros entre lo años 2006 y 2009. La sociedad se constituyó "tan sólo tres días antes" de la finalización del plazo de la subvención y la solicitud se presentó el día que concluía. Además, la firma no estaba inscrita como colaboradora para impartir cursos de formación.