La superficie sembrada alcanzó las 97.100 hectáreas, un 13% más que el ejercicio precedente.

La última campaña ha superado en un 27% la superficie media de las cinco últimas cosechas y en un 37% la producción media.

Las comunidades autónomas con mayor superficie sembrada han sido Andalucía, Cataluña, Extremadura y Comunidad Valenciana, destacando Andalucía como líder en producción, seguida de Extremadura, Cataluña y Comunidad Valenciana.

Respecto a la campaña 2026/27, que comenzará en abril, la mesa sectorial ha constatado que las abundantes precipitaciones de los primeros meses de este año permiten prever condiciones óptimas de riego y siembra. En cuanto a los precios de arroz cáscara y blanco, en un contexto de amplia disponibilidad mundial, se observan cotizaciones inferiores a campañas previas, aunque similares a las de otros productores europeos y muy superiores a las de terceros países.

En 2025 prácticamente toda la superficie sembrada de arroz se acogió al ecorrégimen de espacios de biodiversidad en cultivos bajo agua, concretamente a la medida de gestión sostenible de la lámina de agua, y, además, se benefició de la ayuda asociada prevista en el Plan Estratégico de la PAC.

En conjunto, estas medidas proporcionaron alrededor de 28,2 millones de euros al cultivo del arroz. A estos apoyos se suman otras intervenciones fundamentales del Plan Estratégico de la PAC, como la ayuda básica a la renta, el pago redistributivo y el pago a jóvenes agricultores.

En diciembre pasado, las instituciones de la Unión Europea (UE) aprobaron la inclusión de una cláusula de salvaguardia automática para el arroz en el reglamento europeo que aplica el sistema de preferencias arancelarias generalizadas (SPG), en el marco de las preferencias comerciales hacia los países menos adelantados (EBA, Everything But Arms, por sus siglas en inglés).

Este mecanismo actúa como freno automático ante importaciones excesivas de arroz de países EBA que puedan distorsionar el mercado europeo. Su aprobación fue larga y compleja, debido a la oposición de varios países del Consejo de la UE. La inclusión de esta cláusula específica constituye un hito histórico en el régimen EBA y un logro para España, que la venía reivindicando por su condición de país arrocero.

Además, la nueva cláusula no excluye la aplicación del mecanismo general de salvaguardia, que puede activarse ante distorsiones del mercado comunitario y ya se ha utilizado anteriormente.