Según denuncian, la política de persecución al tabaco provocará la pérdida de las ayudas comunitarias al sector y, por ello, el cierre de unas 7.500 explotaciones en España, de las que dependen directamente 25.000 familias, sobre todo en Extremadura y Andalucía.

Además, supondrá la pérdida de 15.000 hectáreas de cultivo, con una producción que genera 5.000 millones de pesetas anuales, más los 12.000 millones que se reciben en ayudas procedetes de la Unión Europea.