En esta declaración institucional, la OMC señaló que “la escalada de tensión generada en torno a la reforma del Estatuto Marco, la ausencia de un verdadero cuerpo normativo que reconozca la singularidad del ejercicio médico y la ruptura progresiva de los canales de diálogo entre el Ministerio de Sanidad y los representantes legítimos de la profesión han desembocado en una situación de conflicto que exige responsabilidad, voluntad real de acuerdo y una rectificación por parte del Gobierno”.

De hecho, continuó, “los profesionales observamos, con creciente incredulidad, cómo el Ministerio de Sanidad no está ejerciendo sus funciones de forma diligente, no ha tenido en cuenta las demandas de los facultativos y ha firmado un acuerdo para la puesta en marcha de un Estatuto Marco que regula nuestro ejercicio, pero que no cuenta con el respaldo de la profesión”.

Además, remarcó la OMC en esta declaración institucional, “rechazamos los intentos del Ejecutivo central de escudarse en las transferencias sanitarias para eludir responsabilidades. El Estatuto Marco es una normativa estatal y responsabilidad exclusiva del Ministerio de Sanidad, cuya incapacidad para llegar a acuerdos es la causante de los retrasos en la atención sanitaria”.

OFENSAS DE LA MINISTRA

“A esa falta de interlocución y voluntad de negociación se suman las ofensas provenientes de la propia ministra de Sanidad, Mónica García, que ha llegado a acusar a los médicos de tomar como “rehenes” a los pacientes por el hecho de ejercer su derecho constitucional a la huelga”.

“Con esta falacia, el Ministerio busca desacreditar y poner a la sociedad en contra de la profesión que mejor puede garantizar su derecho a la salud y que sostiene el sistema sanitario. Sin embargo, la realidad asistencial actual, marcada por agendas inasumibles, déficit estructural de profesionales y ausencia de descansos adecuados, dificulta cada vez más el cumplimiento de los estándares de calidad y seguridad clínica y está produciendo una incidencia creciente de enfermedades mentales y un importante desgaste profesional entre facultativos”, expusieron en la declaración.

REIVINDICACIONES

Por todo ello, la OMC reclamó al Ministerio de Sanidad la retirada y rectificación pública “de las acusaciones y declaraciones ofensivas vertidas contra la profesión médica y sus representantes”, así como “asumir responsabilidades ante la incapacidad para alcanzar acuerdos y gestionar el conflicto que está provocando un daño irreparable en la asistencia sanitaria nacional”.

Asimismo, reclamaron desde la OMC la recuperación inmediata de una actitud de respeto institucional, diálogo real y negociación efectiva con los representantes legítimos de los médicos.

De hecho, continuó la OMC en la declaración, “la situación actual no puede resolverse mediante confrontación, descalificaciones o estrategias de desgaste institucional. La sanidad pública española necesita que se afronten con seriedad los problemas estructurales que amenazan su presente y su futuro”.