La diferencia menor sigue siendo la que se produce en el cuerpo de maestros, por debajo de los 550 euros, y la mayor entre el profesorado que imparte FP (superior a los 800 euros), teniendo en cuenta las retribuciones básicas y complementarias, indicó UGT a partir de un estudio que ha realizado.

El estudio recoge las retribuciones iniciales que percibe el profesorado en cada comunidad autónoma, sin antigüedad ni ostentar cargos retribuibles, confirma que estas diferencias salariales se deben a las desiguales cantidades y conceptos que perciben los docentes en sus complementos de carácter autonómico. Un año más, los docentes que tienen las retribuciones más bajas, en cualquiera de las etapas en las que imparten docencia, son los asturianos, extremeños y catalanes, mientras que los que perciben las retribuciones más elevadas son los vascos, cántabros y castellano-manchegos.

Según la organización sindical, en el estudio de este año, una vez aplicadas todas las subidas correspondientes al año 2024, se sigue observando la "necesidad de armonizar y regularizar los incrementos salariales entre las diferentes Administraciones para paliar el desequilibrio retributivo, que viene arrastrándose desde años anteriores y que, lejos de reducirse, aumenta".

"Las citadas diferencias ponen de manifiesto la necesidad de abordar una negociación -incluido el ámbito en el que el Ministerio de Educación es competente- que permita mejorar las condiciones retributivas del profesorado que ejerce su labor en esos territorios", añadió UGT.

El sindicato subrayó en este contexto que "el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI firmado en 2022 por UGT y CCOO supuso un aumento del 9,8% en las retribuciones docentes". A ello hay que añadir "el incremento del 11% para el periodo 2025-2028 que contempla el Acuerdo Marco por la mejora del empleo público y el servicio a la ciudadanía suscrito por UGT y CSIF el pasado 27 de noviembre", por lo que con su firma "la responsabilidad de mejorar las condiciones retributivas en sus docentes se traslada a las administraciones autonómicas", que "tienen capacidad para revertir esta situación".