En una entrevista concedida a Servimedia, Vilajoana aceptó que se regule “temporalmente” el mercado de la vivienda por la escasez de oferta y tomando medidas para que “rápidamente” se consiga que “el mercado siga funcionando libremente”, pero rechazó “intervenir por vicio” sin tomar las medidas adecuadas.

Puso de ejemplo de esa intervención el proceso de declaración de un municipio como zona tensionada que permite la Ley de Vivienda. Vilajoana explicó que para obtener dicha calificación el municipio tiene que elaborar un informe sobre la situación del mercado de la vivienda en ese lugar y otro documento con propuestas para revertir la situación. Indicó que el 90% o 95% de esas aprobaciones como zona tensionada no cuentan con ese informe de reversión.

Al hilo de esta cuestión, explicó que muchos municipios han aprovechado la situación para declararse zona tensionada porque a los votantes “les va a interesar”, da “mucho rédito” político y no tiene coste económico. Sin embargo, advirtió de que “no se cuenta las consecuencias que tiene solo hacer esto y ese es el gran problema”.

Vilajoana reflexionó que el 85% de los propietarios de vivienda son pequeños y del 15% restante, el 10% son las administraciones públicas, y el 5% restante correspondería a fondos, y se intenta regular la praxis de quienes ostentan el menor porcentaje. Mientras, la “vorágine legislativa” provoca que “los no profesionales son los primeros en salir del mercado”. “Se ha generado aquí, no sé si conscientemente o no, una lucha, una guerra entre propietarios e inquilinos que es absolutamente absurda”, lamentó Vilajoana, quien se preguntó retóricamente si “tenemos claro que si no hay arrendador no hay arrendatario”.

El máximo responsable de la asociación de los promotores en España defendió que se persiga a quienes no cumplen la ley sin “perjudicar a toda la gente, que es la gran mayoría, que hace bien las cosas” porque eso acaba “paralizando el sector”. Además, aseguró que esa pequeña parte de propietarios que son fondos no mueven los precios del mercado.

Vilajoana consideró que la administración tiene que responsabilizarse de que en el mercado haya “el máximo de producto posible de todo tipo”, ya sea vivienda para comprar, alquilar por un periodo largo o corto o un piso turístico y que el ciudadano pueda elegir. Concluyó que sin oferta suficiente “es difícil” contener los elevados precios y que esa es la lógica con la que funciona cualquier otro mercado.

"OTRAS FÓRMULAS" PARA LOS PISOS TURÍSTICOS

Sobre los pisos turísticos y el Registro Único de Arrendamientos, que esta misma semana ha tumbado el Tribunal Supremo, Vilajoana comentó -antes de que se conociera la sentencia- que “hay otras fórmulas sin atacar tanto cierta privacidad y cierta información”. Expuso que los pisos turísticos se anuncian y “es un tema de recursos de inspección”. Insistió en que la carga de la prueba no recaiga sobre el ciudadano y las leyes no se hagan de manera “preventiva”. “En vivienda se hacen cosas que en otros mercados y otras actividades nos parecerían la cosa más absurda, más inútil y más friki”, opinó.

Además, en caso de que se suprimiesen los pisos turísticos, Vilajoana indicó que el problema de acceso a la vivienda se solucionaría “en un 1%”. En su opinión, se están poniendo “parches” para solventarlo.

Preguntado por su visión sobre la empresa pública, Casa47, consideró que “puede ayudar en parte” a mejorar el acceso a la vivienda, pero es “insuficiente”, y puso de relieve la importancia de colaborar con el sector privado. “El 80% de las viviendas de protección oficial que se han hecho en el país en los últimos años las hemos realizado el sector privado; nadie puede acusarnos de que no queremos, que no hacemos, que no sabemos hacer vivienda asequible”, subrayó. “Quien no ha hecho los deberes durante todos estos años ha sido la administración pública”, zanjó.