En una entrevista concedida a Servimedia, el presidente de la asociación que representa a los promotores de vivienda subraya que los reglamentos para el reparto de las viviendas de protección oficial dependen de las comunidades autónomas.

“Esto es tener un reglamento como Dios manda y después poner los medios para perseguir el fraude”, indicó. El nuevo Plan Estatal de Vivienda introduce una cláusula antifraude en las adjudicaciones “para evitar escándalos como el sucedido recientemente en Alicante”, en el que el caso ya está siendo investigado por el Tribunal de Instancia de Alicante.

En concreto, Vivienda apunta que todas las viviendas construidas o adquiridas con recursos procedentes del Plan Estatal se tendrán que adjudicar con “criterios objetivos, medibles, transparentes y trazables”. Además, el departamento que dirige Isabel Rodríguez “ejercerá un doble control para garantizar que se han respetado esas condiciones”.

Según Vilajoana, desde hace varios años se está más pendiente de “estas pequeñas malas praxis, como las hay en cualquier actividad económica” que se deben “perseguir” sin hacer una legislación específica que “acaba paralizando a todo el sector”.

“Es como si porque hay cuatro conductores que van por la autopista a 130 kilómetros por hora, se decide construir coches que solo vayan a 120 kilómetros por hora. Estás afectando al resto de la gente, que es mucha más y que cumple la ley”, ejemplificó.

VOTACIÓN EN EL CONGRESO

Precisamente esta semana el Congreso discutió una proposición no de ley presentada por el PSOE relativa al parque público de vivienda y al refuerzo de la transparencia y los mecanismos de control en los procesos de adjudicación de vivienda protegida.

Aunque la Cámara aprobó tres de los 10 puntos de la moción, rechazó aquellos que instaban a la no descalificación de las viviendas protegidas, a tener registros públicos de demandantes que permitan asegurar “la trazabilidad y objetividad en los procesos de adjudicación”, a elaborar y mantener actualizado un inventario del parque público de vivienda y a realizar una auditoría de todas las adjudicaciones de vivienda protegida y venta de suelo público realizadas en los tres últimos años.